El anuncio del PP de un acto político previsto para hoy del presidente Rajoy con los padres de Marta del Castillo y de Diana Quer de apoyo a la denominada prisión permanente revisable es otro ejemplo más de cómo la demagogia y el populismo más retrógrado se ha instalado en la política española. La prisión permanente revisable fue impuesta en el Código Penal por la mayoría absoluta del PP en junio de 2015 -se han producido más de veinte reformas de esta normativa, recortando más derechos cada una de ellas, en los últimos decenios- aprovechando la excusa del terrorismo yihadista y casos de violencia machista como el de la joven Marta del Castillo, cuyos restos aún no han aparecido. Fue uno de los peores ejemplos de legislación penal por impulso electoral. Y fue otro retroceso democrático que buscaba contentar la cólera de una parte de la sociedad ante hechos delictivos de gran impacto emocional con el único objetivo de obtener réditos políticos. Más aún cuando el Código Penal español es uno de los más duros de la UE, lo que deriva en una de las tasas de población reclusa más altas con uno de los índices de criminalidad más bajos y en una de las legislaciones más severas y de periodos de cumplimiento de penas más prolongados de toda Europa. De hecho, fue una decisión adoptada con el único apoyo del PP y con una fuerte oposición profesional de jueces, fiscales y penalistas por entender que vulneraba los principios de la Constitución en el ámbito penitenciario, que confirmó una ruptura del principio de consenso en materias legislativas esenciales y, tanto o más grave, conformó una nítida regresión en materia de derechos y libertades al acentuar el carácter punitivo de las leyes penales en el Estado español. La medida es rechazada nuevamente ahora por una mayoría política del Congreso, que ha tomado la iniciativa para invalidarla. Por ello, Rajoy trata de movilizar a la opinión pública para evitar la supresión de esta figura penal de más que dudosa constitucionalidad. Pero al margen de este nuevo ejercicio de oportunismo político, la figura de la prisión permanente revisable es tan innecesaria como contraria al principio de reinserción que exige la Constitución. Rajoy y un PP necesitado de movilización popular ante la presión política de Ciudadanos vuelven a utilizar la indignación popular más sentimental para tratar de imponer sus propios criterios ideológicos.
