Rajoy sigue instalado en la inflexibilidad y la negativa a dialogar en busca de una solución al prolongado conflicto político que vive Catalunya. Su afirmación de que “no hay alternativa a la ley” como respuesta al propósito de JxCat y ERC de proceder a la investidura de Carles Puigdemont alcanza todo su significado si se realiza ayer, justo después de que JxCat retirara la petición de delegación de voto de Puigdemont y de que este reiterara sus deseos de volver a Barcelona “sin riesgo”. De hecho, esa misma afirmación denota que Rajoy ha optado por seguir instalado en la simpleza del eslogan pese a que esa posición inamovible denote en definitiva la debilidad de sus argumentos. Basta analizarla. Porque ¿qué es la ley para Rajoy? Fueron él y su partido los que en el inicio de la actual disputa entre Catalunya y el Estado recurrieron ante el Tribunal Constitucional una ley aprobada por el Parlament y por las Cortes españolas y refrendada por la sociedad catalana. Son él y sus gobiernos (también otros) los que cuatro decenios después siguen eludiendo la ley al no transferir a Euskadi las competencias pendientes del Estatuto de Gernika, aprobado asimismo en el Parlamento Vasco y las Cortes y refrendado por la sociedad vasca entonces. Son él y su partido los que día tras día aparecen cuestionados ante los tribunales acusados de reiterados incumplimientos de las leyes; y no para responder a una demanda social mayoritaria sino por pretender beneficios, personales o de partido. Son él y su gobierno quienes fuerzan, reinterpretan y tergiversan la ley y orientan la actuación del dependiente Poder Judicial, cuya conformación han forzado previamente con reformas legales y lecturas interesadas de la norma, para imputar delitos inexistentes y de una gravedad penal inusitada, como el de rebelión, a políticos soberanistas, Puigdemont incluido. ¿No hay alternativa a la ley? La alternativa a la ley es la ley misma, su interpretación para dar respuesta a lo que la sociedad reclama. O su transformación para solucionar los problemas que a la sociedad le surgen. Y el del engarce de Catalunya en el Estado es evidente. Cierto, Rajoy apela a la mayoría social en el Estado, que parece respaldar su inflexible concepto de la autoridad legal; pero ignora a la sociedad catalana. Obvia que repetir las mismas actitudes lleva a idénticas consecuencias.
