La independencia de la Corona, su neutralidad política y su vocación integradora ante las diferentes opciones ideológicas, le permiten contribuir a la estabilidad de nuestro sistema político, facilitar el equilibrio con los demás órganos constitucionales y territoriales, favorecer el ordenado funcionamiento del Estado y ser cauce para la cohesión entre los españoles”. Son palabras del discurso de Felipe VI en su proclamación como rey el 19 de junio de 2014 y que aún el domingo encabezaban la web de la Casa Real española. Palabras que, sin embargo, Felipe VI había desdicho el pasado 3 de octubre, cuando tras el 1-O en Catalunya no hizo gala de independencia ni neutralidad, mucho menos de vocación integradora entre ideologías o de facilitar el equilibrio entre órganos constitucionales y territoriales. El 3 de octubre, Felipe VI incumplió con una parte de sus obligaciones explicitadas en el artículo 61 de la Constitución, la de hacer respetar los derechos de los ciudadanos y las comunidades autónomas y excedió las atribuciones que le corresponden según el artículo 62 al acusar al Govern de Catalunya de “deslealtad inadmisible” y “conducta irresponsable” antes de apelar a “la unidad de España, la defensa de la Constitución y el respeto a la ley” alineándose en las tesis políticas del Gobierno de Mariano Rajoy. El pasado domingo, tres días después de las elecciones catalanas que de nuevo mostraron una realidad sociopolítica marcada por una mayoría que exige mayores cotas de soberanía, Felipe VI tenía la oportunidad de resituarse en el verdadero papel que le otorga la Constitución y, tal y como habían solicitado el propio Carles Puigdemont, su mano derecha Elsa Artadi y el portavoz de JxCAT, Eduard Pujol, empezar a rectificar, reparar y restituir los errores cometidos en octubre. No lo hizo. El tono más comedido, la apelación a la convivencia, dentro de una calculada ambigüedad, no logra ocultar que su exigencia de respeto a la pluralidad, de responsabilidad por el bien común, se expresó unidireccionalmente hacia el Parlament y los representantes elegidos por los catalanes, sin mención alguna a la irresponsable política de los poderes del Estado -de todos los poderes del Estado- que junto a la inflexibilidad del Govern de Puigdemont ha llevado a la actual situación. Felipe VI apenas esbozó una rectificación cuando queda mucho por rectificar y todo por reparar y restituir en Catalunya.