Este año, el Día contra la Violencia contra las Mujeres viene marcado por el juicio en Pamplona contra cinco hombres acusados de agredir sexualmente a una joven en los Sanfermines de 2016. Marcado por la brutalidad de los hechos que se juzgan pero marcado, también, por la pretendida culpabilización de la víctima, por esa manera de cuestionarla por ejemplo con el informe de una de las defensas que contenía un seguimiento de detectives a la joven. El mensaje que queda es duro: una víctima de agresión sexual no solo ha de sufrir la brutalidad, el daño y la injusticia, sino que además ha de penar por ello toda su vida, sin levantar cabeza porque si lo hace corre el riesgo de que su denuncia pierda toda credibilidad y/o sea respondida con esa execrable culpabilización del algo habrá hecho para que algo así le ocurra, la falda muy corta, demasiada fiesta, demasiado simpática... Asun Casasola, madre de Nagore Laffage, recordaba esta semana en Radio Euskadi la pregunta que le formuló el jurado popular durante el juicio que se celebró por el asesinato de su hija en 2008: si su hija era ligona. “¿A quién estaban juzgando en esa sala?”, se preguntaba Casasola. Es cierto que en Derecho, la carga de la prueba corresponde a quien formula la acusación y es por tanto ésta la que tiene que demostrar la veracidad de los hechos denunciados, precisamente en virtud de la presunción de inocencia que asiste a todo acusado tal y como recoge la Constitución. No cabe otra cosa que respetar y proteger el derecho a la defensa y a las garantías procesales, imprescindibles en cualquier democracia. Ahora bien, lo que no es de recibo es el perverso fenómeno de que la víctima tenga además que demostrar su inocencia. Es una laguna más, una laguna profunda y oscura en ese largo camino que aún queda por recorrer para acabar de manera real con el machismo que, de forma absolutamente transversal, aflora en todos los ámbitos de nuestra sociedad, desde eso que se ha llamado micromachismos hasta su expresión más cruda y violenta en forma de asesinato. La última víctima mortal podría haberse producido ayer mismo, en Vinaroz. 45 mujeres asesinadas este año en el Estado si se confirma este último caso y 917 desde 2003. 1.045 mujeres disponen en este momento en Araba de alguna protección por parte de la Ertzaintza, 271 más que el año pasado. Ocho tienen escolta personal. Son nuestras familiares, nuestras amigas, nuestras compañeras de trabajo, nuestras vecinas. Somos toda la sociedad.
