La penúltima sesión del juicio por la primera época (1999-2005) de la denominada trama Gürtel, que se cerrará hoy tras 125 sesiones durante más de trece meses, evidenció ayer la realidad, extensión temporal y alcance de la corrupción que ahoga al PP comprimida en dos frases del magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, abogado de uno de los acusados. En la primera, Martín Pallín fundamentó la petición de la absolución para su defendido en que la adjudicación a la empresa de éste que se investiga en la causa no se realizó con el exviceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo (PP), también encausado; sino con el también exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados (PP), que no está encausado y por tanto no puede ser juzgado por la trama Gürtel pese a que sí lo está en otro caso de corrupción que afecta directamente al PP: la trama Púnica. Porque la relevancia política de las irregularidades que enfangan al partido presidido por Mariano Rajoy no se describe en la escasez, miseria y zafiedad de las conversaciones grabadas a muchos de sus protagonistas y filtradas oportunamente para desviar la atención del meollo de las acusaciones. Tampoco únicamente en el hecho de que todos los tesoreros que han manejado las cuentas de la formación hayan sido procesados en algún momento. Ni en los más de sesenta casos en los que se han visto implicados centenares de cargos del Partido Popular, incluidas tramas que, como Gürtel, Púnica, Lezo o Taula que permiten presumir una financiación ilegal sostenida del partido. La verdadera relevancia radica en los esfuerzos políticos y, aún más grave, institucionales para ocultar y eludir las consecuencias que como formación corresponde asumir al PP, esfuerzos que llevan a que, como también dijo ayer Martín Pallín en el juicio, “las responsabilidades políticas llegan cuando han transcurrido diez o catorce años de procedimiento penal”. Y no es precisamente la de menor entidad la acusación que afronta ahora el PP por encubrimiento a raíz del borrado de los discos duros de los ordenadores de Bárcenas en los que presumiblemente se podrían detallar los pagos irregulares a los dirigentes del partido.