La decisión de la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela de ordenar prisión sin fianza para Oriol Junqueras y los consellers cesados por el Estado Jordi Turull, Josep Rull, Meritxell Borrás, Raül Romeva, Carles Mundó, Dolors Bassa y Joaquim Forn, al admitir la acusación de la Fiscalía por presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación, da medida del enorme dislate jurídico y antidemocrático en torno a la crisis política de Catalunya. Con su decisión, Lamela -en cuyo historial se halla asimismo el descomunal desatino jurídico en el caso Altsasu- viene a encarcelar la democracia y renuncia al papel arbitral que se le supone al juez para alinearse de manera evidente con la inquisitorial y politizada actividad del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, al aceptar incluso la posible comisión de un delito de rebelión sobre el que el Tribunal Supremo ya había dejado dudas en el auto en el que, el pasado lunes, se declaraba competente para instruir y juzgar por los mismos delitos a la presidenta y la Mesa del Parlament y a asumir el resto de las causas relacionadas. Que al hacerlo proporcionara además a Lamela la posibilidad de inhibirse en favor del tribunal superior y que la jueza de la Audiencia Nacional la haya eludido también da idea del afán de la magistrada por asumir la tesis de la Fiscalía de que, pese a que el artículo 472 del Código Penal define el delito rebelión como un alzamiento violento que nunca se ha producido, la movilización social en Catalunya tuvo esa característica por resultar en una intimidación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Porque, efectivamente, solo en la asunción acrítica y previa de esa idea Lamela podría basar, que no justificar, una medida judicial tan desproporcionada como la de enviar a prisión sin condiciones -a la espera de la orden europea de detención contra Carles Puigdemont y Antoni Comín, Meritxell Serret, Luís Puig y Clara Ponsatí, que se encontrarían en Bruselas- a un gobierno democráticamente elegido y que ha actuado en respuesta a una mayoría política y parlamentaria. En todo caso, al albur de los criterios políticos que han impulsado la iniciativa de la Fiscalía, el auto de Lamela únicamente desacredita a la ecuanimidad y proporcionalidad de la justicia y contribuye a enconar y extender la desafección de Catalunya.
