La reiteración y concentración de incendios en el noroeste de la península, la pérdida de vidas humanas -al menos 4 en Galicia y 31 en el norte de Portugal- en los últimos días y el volumen de hectáreas calcinadas exigen un análisis de las causas mucho más profundo que la socorridas apelaciones a la sequedad del monte, la falta de precipitación o la llamada a la responsabilidad ciudadana que esgrimen las autoridades públicas. Porque si bien es cierto que todas esas circunstancias influyen y confluyen en que en lo que va de siglo XXI se hayan quemado en el Estado español más de dos millones de hectáreas, de las que 1,9 millones corresponden a superficie forestal, en más de 250.000 incendios, así como que el 80% de estos tienen como origen la acción humana y de estos el 55% son intencionados, no lo es menos que la proliferación de fuegos y, sobre todo, las dificultades para su control están asimismo condicionadas por la falta de una adecuada prevención y, en algún caso, por los errores de la administración, tanto en lo que afecta a aprobación de políticas públicas que pueden influir en la causa de los incendios como a la gestión de los medios para combatirlos o a las consecuencias de provocarlos (pese al endurecimiento del Código Penal, las condenas apenas alcanzan el millar en los últimos 17 años). Por ejemplo, aunque no se pueda achacar directamente los incendios a la reforma de la Ley de Montes aprobada por la mayoría absoluta del PP (con UPyD y UPN) en 2015, que abre la posibilidad de eliminar la moratoria de 30 años a la recalificación de terrenos incendiados, por cuanto para ello se precisa de otra ley autonómica que así lo dictamine, tampoco es posible obviar que desde su aprobación el número de fuegos forestales, tras haber experimentado un paulatino descenso hasta 2006, ha vuelto a incrementarse. Ni es casualidad que entre las diez provincias del Estado con más hectáreas calcinadas en los últimos diez años estén las cuatro gallegas y Asturias pese a que ninguno de los 15 incendios más importantes de ese periodo las ha tenido como escenario. O que pese a ello, y pese a las previsiones de otoño seco, que ya hace dos años coincidieron con otra sucesión de fuegos similar, la Xunta de Galicia no haya prolongado este octubre el contrato a más de mil miembros de los retenes que se ocupan de prevenir y combatir el fuego en el monte.