La suspensión cautelar por el Tribunal Constitucional del Pleno del Parlament del próximo lunes, en el que se presumía que iba a procederse a la aprobación de la Declaración Unilateral de Independencia de Catalunya (DUI), al considerar la “urgencia excepcional” contemplada en el artículo 56.6 de la Ley Orgánica del TC en su admisión del recurso del PSC ante una posible anulación de los derechos de los parlamentarios en dicho Pleno, no cambia en realidad la situación política derivada de los resultados del referéndum realizado el pasado domingo. De hecho, el Parlament ya aprobó la Ley de Referéndum que dio cauce al 1-O y la Ley de Transitoriedad Jurídica en contraposición a la prohibición del TC de “cualquier iniciativa encaminada a la convocatoria de un referéndum soberanista” y mediante un mecanismo de lectura única cuya inclusión en el Reglamento de la Cámara también había sido suspendido por el Tribunal Constitucional. Es decir, no será la suspensión cautelar del Pleno por el alto tribunal la que evite su celebración por una mayoría parlamentaria que ya ha adoptado una legalidad paralela a la del Estado y un Govern y una Mesa del Parlament cuyos miembros ya se hallan amenazados por las imputaciones penales que analiza el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por “desarrollar resoluciones parlamentarias suspendidas o anuladas” por el Tribunal Constitucional durante la vertiente parlamentaria de la fase anterior del procés. Si el Parlament llegase a escuchar al TC -algo poco probable a estas alturas- sería si acaso una forma expresa de reforzar la postura abierta al diálogo expuesta por Carles Puigdemont el pasado miércoles y reiterada ayer por su vicepresidente, Oriol Junqueras: “Hacemos todo lo posible por encontrar vías de mediación y diálogo, hay muchas personas e instituciones trabajando en esta dirección”. No sería la primera vez en el procés que el Govern actúa de forma inesperada y podría entenderse, siquiera momentáneamente, como ese regreso a la legalidad que Mariano Rajoy plantea para admitir alguna de las mediaciones que se han ofrecido y que no ha aceptado hasta el momento, lo que cargaría al Govern de un nuevo aporte de legitimidad y dificultaría la comprensión de una nueva (la enésima) negativa al diálogo por parte del Gobierno del Estado.
