En el que parece eterno debate sobre el modelo de fiscalidad y su reforma, reabierto una vez más ayer tras la intervención del diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, en el Pleno de Política General de las Juntas Generales y su planteamiento de no variar los impuestos a los ciudadanos, pero sí aspectos de la fiscalidad relativos a las empresas y la actividad económica, parece imprescindible responder a dos preguntas: qué se debe reformar del actual modelo fiscal, que se ha demostrado exitoso para dotar de desarrollo y servicios, pero también de cohesión a nuestra sociedad, incluso en tiempos de crisis; y para qué se debe reformar o qué se pretende con esa reforma. La primera pregunta la respondió Rementeria con meridiana claridad al plantear la merma de competitividad y atracción que supone para Bizkaia y para toda la CAV que el Impuesto de Sociedades esté situado en el 28%, tres puntos por encima del estatal, pero asimismo 6 puntos superior al de Dinamarca, 8 puntos por encima del de Finlandia o Gran Bretaña y 11 puntos superior al de Alemania. Parece obvio que esa diferencia impositiva supone una desventaja a la hora de que las empresas opten por nuestro país o territorio, también en cuanto a la competitividad en términos comparativos con las de otros países para aquellas ya implantadas entre nosotros. Ahora bien, a los efectos benéficos sobre la competitividad, aunque no siempre sean tan claramente trasladables, una presumible bajada del Impuesto de Sociedades, teniendo en cuenta que su modificación no supondría alterar sobremanera la recaudación (es el 7%) conviene argumentar con la respuesta a la segunda pregunta: para qué. Y Rementeria, en su intervención, también esbozó un respuesta. Porque ahí entra la apelación a la responsabilidad social de las empresas implantadas o a implantar en nuestro país, que tampoco siempre responde al modelo más extendido en países como Dinamarca, Finlandia o Alemania; también a su compromiso de permanencia, no siempre prolongado. Porque si bien es cierto que Euskadi puede necesitar ganar atractivo fiscal para las empresas, no lo es menos que la participación de éstas en el desarrollo de la CAV exige a cambio una apuesta suficientemente nítida de las mismas con la calidad en el empleo, la inversión local, la innovación y el medio ambiente, como ejes de un modelo de crecimiento sostenible.
