Atan solo una semana del 1-O, fecha prevista para la celebración del referéndum independentista en Catalunya, el Estado español, lejos de apaciguar los ánimos, ha decidido incrementar aún más su ofensiva para impedir por todos los medios que la consulta del próximo domingo exigida por la mayoría social llegue a celebrarse. Más allá de los registros, incautaciones, detenciones, multas y actuaciones coercitivas y represivas que vulneran derechos fundamentales, el Gobierno de Mariano Rajoy ha pisado el acelerador en su ofensiva en los ámbitos judicial, policial y político -pero solo en el sentido impositivo- para impedir que la ciudadanía de Catalunya pueda depositar su voto, aunque para ello se salte todos los mecanismos democráticos de la división de poderes, el diálogo y el acuerdo, y, en un peligroso ejercicio de prepotencia, despotismo y autoritarismo, arrogarse competencias y funciones que en modo alguno le corresponden. La lamentable actuación de un juez ad hoc, de una Fiscalía no solo dependiente del propio Gobierno sino a su servicio y capaz de ver delitos de sedición -que, según recoge el Código Penal, suponen penas de entre cuatro y diez años de cárcel- en las multitudinarias y pacíficas movilizaciones de miles de personas que, aun sintiéndose humilladas, están manteniendo un comportamiento ejemplar, unidas a las decisiones adoptadas por ministros tan poco modélicos como Cristóbal Montoro -culpable de decretar una amnistía fiscal declarada ilegal y reprobado por el Congreso de los Diputados-, que, aun así, interviene las cuentas del Govern, o del titular de Interior, Juan Ignacio Zoido, empeñado en alimentar la vía represiva, dejan bien a las claras las intenciones del Ejecutivo de Rajoy. En este contexto ya de por sí tensionado, la decisión de enviar a miles de policías y guardias civiles a Catalunya y, sobre todo, de poner a los Mossos d’Esquadra bajo la “coordinación” de un coronel de la Guardia Civil sin siquiera reunir a la Junta de Seguridad supone una intervención encubierta en el autogobierno de Catalunya, un agravio más a sus representantes legítimos y a sus instituciones y una afrenta a la Policía catalana y a sus integrantes. El Gobierno de Rajoy sigue echando gasolina en un ambiente caldeado, pero desviar la atención sobre el problema real -el derecho a decidir del pueblo catalán- no solo no lo elimina, sino que lo agrava.
