El Constitucional ha anulado el decreto de amnistía fiscal por ir contra derechos fundamentales. Todos los grupos de la oposición han pedido responsabilidades políticas al Gobierno y la dimisión del ministro Montoro. En 2012 el Gobierno español promulgó el decreto de estabilidad económica suspendiendo todos los convenios del sector público y tomando toda una serie de medidas de recortes sociales.
El decreto se basó en el articulo 86 de la Constitución que prevee que, en caso de extraordinaria y urgente necesidad económica,el Gobierno puede dictar medidas legislativas provisionales,que no podrán afectar a los derechos y deberes de los ciudadanos regulados en la Constitución. Dicho decreto ley puede estar conculcando los derechos constitucionales de igualdad,derecho a la negociación colectiva y a la fuerza vinculante de los convenios colectivos. Conculca con claridad el principio constitucional de provisionalidad y urgencia que motivaron su promulgación,es decir la situación de riesgo de rescate económico de 2012.En efecto desde 2014 tanto el conjunto del Estado Español como Euskadi vienen creciendo.
El Gobierno Vasco en 2012 aplicó este decreto en Euskadi,suspendiendo los convenios colectivos del sector público y aplicando los recortes. En 2017 el Gobierno Vasco mantiene la suspensión de los convenios y los recortes pese a su posible inconstitucionalidad. ¿A quién tienen que pedir responsabilidades políticas los grupos parlamentarios vascos y los ciudadanos/as? ¿Cuándo va a poner en vigor el Gobierno Vasco los convenios, revertir los recortes sociales y pagar las indemnizaciones adeudadas? Hay que ser coherentes y defender lo mismo en Madrid que en Vitoria.
