La decisión tomada el miércoles por la Junta Única de Resolución (SRB-Single Resolution Board) del BCE que permite al Banco de Santander adquirir el Banco Popular por el precio simbólico de un euro tras determinar el BCE la inminente quiebra de la entidad es, además de la primera aplicación de la normativa europea para rescates bancarios, un advertencia al sector de que se adoptarán en el futuro las medidas necesarias para impedir que sean los contribuyentes quienes asuman, mediante el rescate con dinero público, el coste de las quiebras bancarias, tal y como ya había sucedido en el Estado español con un cargo de 60.000 millones de euros a las arcas del Estado. No está tan claro, sin embargo, que en esa advertencia vaya implícita, como se pretende, otra sobre que la actuación de la entidad presidida por Elke König vaya a ser inmediata y no permitirá el deterioro de la situación de la entidad en crisis. De hecho, se pueden albergar serias dudas sobre que haya sido así en el caso del Banco Popular, lo que sitúa un cierto grado de responsabilidad en el BCE porque habría permitido una posible manipulación de la acción en la última semana mediante actuaciones a corto que han acabado por situar a la entidad en el límite de la quiebra, al SRB en la tesitura de intervenir finalmente y al Banco Santander en la posibilidad de ahorrarse los 1.300 millones de capitalización, 1.263 millones en bonos y 636 en deuda subordinada del Popular, 3.200 millones en total en la adquisición. Pero, sobre todo, vuelve a sembrar serios interrogantes sobre el papel en cuanto a la supervisión de la actividad bancaria de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), organismo encargado de inspeccionar la actividad de cuantos intervienen en los mismos. Lo hace además en idéntico sentido en que ya se cuestionó su labor por la operación de salida a bolsa de Bankia. No en vano, el Banco Popular ha seguido colocando deuda durante el último año y acudió hace once meses, sin que la CNMV lo impidiera, a una ampliación de capital colocando acciones a 2,5 euros -¿con préstamos del propio banco?- en lo que fue la tercera ampliación de los últimos tiempos con un montante global de 5.700 millones, pese a contar con una cartera de activos tóxicos por 37.000 millones. Y son tanto la gestión del Popular como la dudosa supervisión las que, al igual que en el caso de Bankia, pueden acabar dando base a miles de demandas.
