los nuevos capítulos de la interminable saga de corrupción abiertos en el seno del PP, con el caso Lezo, las cada vez mayores pruebas de la implicación del Fiscal Anticorrupción -el mismo del que ayer se supo que tiene una empresa en Panamá- y del Ministerio de Interior en los intentos de entorpecer la investigación y la reciente imputación de la delegada del Gobierno en Madrid, no hacen sino reiterar la necesidad de una rehabilitación de raíz de la formación que todavía preside Rajoy, tanto en nombres como en estructuras, cosido como está a casos y acusaciones de malversación, administración desleal, fraude, prevaricación... -hasta cerca de 900 cargos vinculados al partido-, que en gran parte no son ajenos a sus circuitos de financiación y sus campañas electorales. Y que todo ello no haya tenido consecuencias suficientes no reduce su deslegitimación democrática, sino que solo confirma que la inusitada extensión de esas malas prácticas ha llegado a normalizarlas a los ojos del electorado, en lo que José Saramago ya describiera con una sola frase: “La pérdida de valores es un fenómeno de masas”. Ahora bien, que la concatenación y diversidad de casos de corrupción afecte sobremanera al PP no oculta que los abusos en la administración de lo público no son patrimonio suyo sino que han surgido, y de manera importante, también en el seno de otros partidos políticos, especialmente PSOE y CiU, y en prácticamente todas las instituciones del Estado español, desde la patronal y las cúpulas empresariales a la propia Casa Real española. No es gratuito que el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa, que ya en 2010 analizaba de modo muy crítico el sistema, la legislación y la financiación de partidos en el Estado español por “la ausencia de una obligación de transparencia precisa y obligatoria, asociada a un sistema de control y sanción mediocre”, hace solo unos meses, en su último informe, aún hallara sin cumplimentar 9 de las 15 recomendaciones que había realizado con anterioridad. Es decir, el urgente y necesario relevo de quienes han participado o no han evitado, desde la política, la función pública o la justicia, modos de actuación ilegítimos no es siquiera ya suficiente. La búsqueda de esa mayor transparencia y de ese mayor control ciudadano exige una regeneración absoluta, una refundación, del sistema político que ha venido permitiendo tales prácticas.