La aprobación por el Congreso de los Diputados de una proposición no de ley presentada por el PSOE que insta al Gobierno a ampliar la Ley de Memoria Histórica, incluyendo la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del llamado Valle de los Caídos, supone en la práctica poco más que la constatación, por un lado, del retraso de cuatro decenios que el Estado español acumula en la reparación de las tremendas vulneraciones de derechos perpretadas por el franquismo y, por otro, el escasísimo compromiso político que aún hoy se percibe en quienes tienen o han tenido, en los sucesivos gobiernos democráticos, la posibilidad de su concreción. La propia iniciativa en sí, como proposición no de ley que simplemente interpela al Gobierno, define ese escaso compromiso. Lo hace porque carece de valor jurídico que obligue a su realización más allá de la responsabilidad política, lo que permite al PP evitar hasta cierto punto no quedar retratado al poder abstenerse. También porque quien la presenta, el PSOE, podía haber desarrollado cuando se hallaba en el gobierno todo aquello que ahora pretende, desde la retirada de ayudas públicas a organizaciones franquistas a la creación de una comisión que estudie las violaciones de derechos humanos durante la guerra y la dictadura, pasando por la nulidad de las condenas de los tribunales franquistas y la propia exhumación de los restos del dictador. De hecho, buena parte de esas pretensiones incluidas ahora en la proposición fueron desoídas cuando otros partidos propusieron en 2007 su inclusión en la Ley de Memoria Histórica que aprobó el Gobierno de Rodríguez Zapatero y, más adelante, en 2011, cuando un grupo de expertos recomendó sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos para transformar lo que hoy es mausoleo del dictador y lugar de peregrinaje fascista en espacio de memoria colectiva y reparación. En todo caso, la proposición socialista, cuyo carácter y limitaciones no son sin embargo motivo suficiente para su rechazo ante los principios que defiende y la realidad que retrata, no hace sino trasladar al diario de sesiones algo tan necesario que incluso la ONU se ha pronunciado al respecto. Lo es pese a que quienes se abstienen ahora se negaron antes y no hayan siquiera aprobado el presupuesto necesario para que la Ley de Memoria Histórica se cumpla tal y como está, siquiera incompleta, en vigor.