Las conclusiones de la misión de observadores internacionales sobre el referéndum constitucional en Turquía, alertando de irregularidades y que el país no votó en un contexto equitativo, no hacen sino abundar en la tesis del carácter golpista que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha impreso a la consulta que, tras el resultado, con un ajustado sí sobre el no, otorgaría al presidente del país poderes ejecutivos, legislativos y la elección de gran parte del aparato judicial firmando así el tránsito de una democracia parlamentaria a un sistema presidencialista. La cercanía del aniversario del golpe de Estado en Turquía el próximo julio, percibido como un autogolpe del propio Erdogan para poner en marcha una intensa purga en sectores del país como el ejército, la administración o la expresión crítica, ha perpetuado un estado de emergencia donde los turcos votaron el domingo masivamente en un referéndum que el presidente y sus deseos de sultanato han ganado por la mínima. Un contexto, el de un país en estado de excepción, que no está lejos de percibirse como el segundo golpe en ocho meses bajo un barniz democrático de consulta al pueblo turco. En este escenario, especialmente delicada se vuelve la relación de la UE con su eterno candidato a la adhesión, una Turquía con la que los organismos europeos formalizan pactos de distinto signo, como el de la contención de refugiados en marzo de 2016 pero, en paralelo, afean su alejamiento de los principios democráticos y se replantean el estatus de la candidatura de Turquía a la Unión Europea, que data de 1999, de aplicar las reformas aprobadas. Lejos de cumplir las exigencias contenidas en el artículo 2 del Tratado de la UE, referidas a la libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos -Turquía podría restaurar la pena de muerte vía referéndum-, o los “Criterios de Copenhague” que exigen instituciones estables que garanticen la democracia, Turquía, con Erdogan a la cabeza, camina hacia una autarquía y una deriva autoritaria alejada de los principios comunitarios y obligaciones que la Unión, donde Austria ha sido el país más contundente en las últimas horas exigiendo la cancelación de las negociaciones, ni debe ignorar, ni tolerar para su adhesión al bloque.
