La firma ayer del acuerdo marco que permitirá al Gobierno Vasco aprobar los presupuestos para el actual ejercicio 2017 con el apoyo del PP ha sido ya contrastada con anterioridad, desde el mismo anuncio del acuerdo, con la posibilidad de desarrollar políticas nacionalistas o tendentes a alcanzar mayores cotas de soberanía. Y al hacerlo se ha pretendido concluir que conjugar uno y otras resultará poco menos que una entelequia. La irrealidad se halla, sin embargo, en el resultado de contrastar dos planos diferentes de actuación política que pueden y deben gestionarse en paralelo. No solo porque la capacidad de presión del PP es tan limitada como corresponde al quinto y último grupo parlamentario de la Cámara vasca, con sus nueve escaños, y por tanto también lo es su pretensión de modificar el proyecto de presupuestos presentado por el Gobierno. También porque, consciente de ello, el partido que lidera Alfonso Alonso ha buscado más una resituación propia en el panorama político de cara a un futuro inmediato, a un presente ya, muy distinto al conocido hasta ahora que intentado añadir una impronta particular a los presupuestos. De ahí la que se adelanta ya porcentualmente escasa incidencia de las modificaciones propuestas por el PP en el proyecto de cuentas. Por otro lado, esas limitadas cesiones no solo permiten la aprobación de la herramienta imprescindible para cualquier gobierno sino que dotan de base diferente a una relación bilateral que, salvo muy puntualmente, se antojaba irreconducible; con lo que ello significa a medio y corto plazo, según se desprende de algunos acuerdos y desbloqueos, no solo en infraestructuras, que deben ser vitales para el desarrollo normalizado de Euskadi. En otras palabras, que haya planos de gestión paralelos no impide que una mayor sintonía en uno de ellos pueda contribuir a reducir asimismo las severas reticencias en el otro, aun desde la consciencia de que no alterará el posicionamiento ideológico de cada cual. Ahora bien, cuestionar un acuerdo presupuestario sobre cuentas a las que no se habían hecho grandes objeciones -en realidad, la exigencia de una ulterior reforma fiscal como mayor contrapartida- por la influencia que dicho acuerdo pueda tener en otros ámbitos cuyo horizonte temporal excede nítidamente al del acuerdo se antoja mera ceremonia de confusión.