Aunque el Gobierno Rajoy y sus terminales mediáticas traten de presentar el encausamiento en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya del expresident de la Generalitat, Artur Mas -con la amenaza de una pena de inhabilitación de diez años- y las exconselleras de su Govern, Joana Ortega e Irene Rigau, como sobrevenido a un incumplimiento legal por la realización de las votaciones del 9 de noviembre de 2014 (9-N) en Catalunya; lo que se dirime en el juicio es, en realidad, la preponderancia de principios esenciales democráticos o su subordinación no a la ley, sino a una concreta interpretación de la misma. Porque, en primer lugar, tanto el debate previo como la prohibición por el Tribunal Constitucional y el desarrollo de las votaciones del 9-N no se pueden analizar bajo el filtro de la legalidad, no al menos estrictamente, sin admitir por un lado el feroz retorcimiento de la misma con el fin de impedir el ejercicio del voto en Catalunya y la evidente tendenciosidad de los órganos judiciales encargados de dirimir sobre la cuestión. Por otro, y en consecuencia, también la búsqueda de todos y cada uno de los resquicios que permitieran eludir esa interpretación de la legalidad restrictiva de fundamentos democráticos tales como el de representación política, el de mayoría parlamentaria o el de la supeditación a esta del ejercicio de gobierno. En otras palabras, antes de considerar un contraste entre democracia y legalidad se debería dilucidar entre la mayor o menor legitimidad de interpretaciones distintas de esa legalidad: la que deriva de la realizada por el TC en Madrid y la que emana de la lectura que realiza el Parlament de Catalunya. No en vano, aunque esa misma legalidad contempla al TC como último responsable de su interpretación, no es menos cierto que los métodos de elección de sus miembros y su sometimiento a principios ideológicos y/o intereses partidarios le restan legitimidad y desvirtúan su primacía. Es decir, es la incapacidad para dilucidar entre ambas interpretaciones desde el equilibrio, la justicia y el sentido común -desatino en el que la mayor parte de responsabilidad corresponde al Gobierno Rajoy- la que traslada el debate a otro plano, el de la supremacía de la ley o de la democracia. Y en ese plano acaso convendría preguntar cómo en el proceso de la historia se alcanza la segunda -también en el Estado español- sin previamente alterar (o reinterpretar) la primera.
