Uno de los principales males que acontecen en las instituciones es que los políticos y las personas que, de una forma u otra, son puestos durante una legislatura o varias en cargos de asesoramiento tienden a pensar que deben rendir cuentas ante sus partidos, no ante las administraciones en las que desarrollan su labor y, mucho menos, ante los ciudadanos que pagan sus sueldos. El jefe de un ayuntamiento no es el alcalde, una realidad que es extensible a cualquier otro ámbito, sea, como nos pasa a nosotros, foral, autonómico, estatal o europeo. Los jefes ante los que hay que rendir cuentas, a los que hay que dar explicaciones, a los que hay que informar por igual, a los que hay que respetar en la toma de decisiones, a los que no hay que tomar por tontos e iletrados son todos y cada uno de los ciudadanos que pagan sus impuestos, participen o no en las convocatorias electorales. Pero esto es la teoría. La práctica llega incluso a no pocos funcionarios que terminan por creer que tampoco trabajan para y por la ciudadanía, sino para y por el responsable político de cada momento. Ni políticos, ni asesores, ni trabajadores públicos pueden seguir incidiendo en este mal. Si lo hacen demostrarán o mala fe o que donde no hay mata, no hay patata.
