la sentencia emitida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de rechazar la retroactividad limitada de las cláusulas suelo, esto es, que la banca deberá devolver todo lo cobrado de manera ilegal por esta cláusula en las hipotecas suscritas por sus clientes, debido a la “falta de transparencia” y a que son “abusivas” supone un nuevo varapalo al modelo hipotecario del Estado español, ya cuestionado antes por el Tribunal Supremo que ya había anulado las cláusulas abusivas en 2013, aunque entonces solo a partir de la fecha de esa sentencia. Ahora, el fallo de la justicia europea, que beneficia a miles de ciudadanos, pone fin a las denominadas cláusulas suelo, un subterfugio en los contratos que impide a los deudores aprovechar la bajada del Euríbor (es decir, de los intereses que pagan por el préstamo), estableciendo un mínimo a pagar en la letra de la hipoteca por mucho que bajen los tipos de interés. En este sentido, la sentencia abre también la puerta a nuevas demandas por parte de aquellas personas que hayan sido desahuciadas por impagos de hipotecas que contenían este tipo de cláusulas abusivas. Se trata de una resolución judicial definitiva contra las cláusulas suelo que se suma a los varapalos de la justicia de la UE a las andanzas del sistema bancario español con otros productos financieros oscurantistas, como las preferentes, que han excedido los límites de una buena práctica profesional. Ahora bien, habiendo sentado la justicia europea la responsabilidad de las entidades financieras -ineludible por mucho que intenten retrasar o entorpecer la devolución de unas cantidades que pueden superar los 4.500 millones de euros-, es preciso resaltar la que compete a las herramientas públicas que deben regular y controlar la actividad bancaria, desde la Comisión Nacional del Mercado de Valores al Banco de España y los sucesivos gobiernos de PP y PSOE. En este caso, al haber permitido la comercialización generalista por los bancos de productos que no reunían las características exigibles para su venta al público. Y más grave aún, por no haber legislado para impedir dichas prácticas o, en su defecto, por eludir su deber de velar por el cumplimiento de la legislación de defensa de los derechos de los consumidores. Un duro tirón de orejas a las andanzas de un sector financiero español cuyo rescate tras la crisis abierta en 2008 ha costado decenas de miles de millones de euros de los recursos públicos de todos los ciudadanos.