Las cifras, pese a todo, sí dimensionan el problema: 4.352 mujeres víctimas de violencia de género o doméstica reciben hoy en la CAV algún tipo de protección por parte de la Ertzaintza, son una de cada 256 féminas vascas, independientemente de su edad; los servicios de urgencias y atención primaria de Osakide-tza detectaron el pasado año 761 casos de violencia contra las mujeres; ese mismo año (2015) se registraron en Hegoalde 60 violaciones (23 en Bizkaia, 20 en Nafarroa, 12 en Gipuzkoa y 5 en Araba) y 423 delitos sexuales de otro tipo; en el Estado, la violencia machista ha provocado 865 víctimas mortales desde el año 2003, cuando empezaron a registrarse como tales, y este mismo año han fallecido al menos 39 mujeres, mientras ocho casos más están en investigación; se presentan 130.000 denuncias anuales; también en el Estado, se comete una media de más de 1.200 violaciones al año, más de tres al día, una cada ocho horas; más de cinco mil mujeres sufren algún tipo de violencia sexual; el 24% de los ciudadanos conoce casos de violencia contra las mujeres en su entorno; el pasado año, la Unión Europea publicó una macroencuesta a 42.000 mujeres de las que una de cada tres admitía haber sufrido algún tipo de violencia física o sexual y una de cada veinte revelaba haber sido violada... Sí, las cifras dimensionan perfectamente el problema. Todavía hoy, el Código Penal establece de uno a cuatro años de prisión para la agresión sexual y de 6 a 12 para violaciones... que siguen siendo delitos particulares y precisan de la denuncia de la víctima; y todavía hoy en 8 Comunidades Autónomas no existen recursos públicos especiales para atender a estas. Todavía hoy, el 14% de los españoles (frente al 2% de Suecia) sigue pensando que la violencia machista es un “asunto privado” y todavía hoy uno de cada cuatro testigos de un caso no lo denuncia. Todavía hoy, la Unión Europea (y algunos Estados miembros) siguen sin refrendar el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica aprobado en Estambul hace más de cinco años y sin implementar las medidas que recomienda para prevenir, perseguir y eliminar la violencia contra las mujeres. Efectivamente, dar a conocer esas espeluznantes cifras dimensiona el problema pero, por desgracia, no ataca la desigualdad que lo origina ni da la verdadera magnitud del drama.
