Arnaldo Otegi no podrá formar parte de ninguna candidatura electoral ni ocupar cargo público alguno hasta el 28 de febrero de 2021, según sentencia de la Audiencia Nacional que la Junta Electoral de Gipuzkoa consideró ayer vigente, negando al dirigente de Sortu el derecho a encabezar la lista guipuzcoana de EH Bildu en las próximas elecciones al Parlamento de Vitoria. Una decisión que muestra una vez más la intromisión de la política en la justicia y, más allá de la historia personal de Otegi, un déficit democrático. Se inicia ahora un tiempo de recursos y apelaciones que no finalizará hasta el día en que la campaña electoral comience oficialmente, el día 9 de septiembre. Al margen de las consideraciones políticas que tiene, el caso Otegi es un tema jurídicamente complejo en el que los abogados de EH Bildu deberán hilar fino para demostrar “el error jurídico” de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y ante el que el Tribunal Constitucional deberá adoptar en última instancia una decisión definitiva. Será el capítulo final, de momento, de un proceso judicial que se inició en octubre de 2009 como consecuencia de la decisión de los poderes del Estado de apartar a Otegi del escenario político, siguió con su condena y encarcelamiento -y el cumplimiento íntegro de la condena-, y tendrá una nueva entrega en esta precampaña electoral vasca. Es de suponer que una condena política avalada en su día por todas las instancias del Poder Judicial y Constitucional difícilmente será revocada ahora, salvo que quepa alguna inesperada interpretación jurídico-política. La inhabilitación de Otegi causa malestar y desazón en gran parte de la sociedad vasca y de sus organizaciones políticas, que han manifestado rotundamente y desde el primer momento su rechazo al despropósito político y jurídico que fue el caso Bateragune y que preferirían ver a Otegi en las urnas y comprobar su liderazgo y la capacidad de atracción de sus propuestas para los próximos cuatro años. Sería lo deseable. En cualquier caso, estamos abocados a un debate político al que la mayoría de la población asistirá como espectador y en el que la inhabilitación del candidato Otegi se convertirá en argumento electoral entre EH Bildu y el PP y C’s que van a buscar su aprovechamiento electoral. En el fondo queda pendiente de solución definitiva la herida que las décadas de violencias antidemocrática e intolerante ha dejado en nuestra sociedad, a la que Otegi, esté donde esté, sigue teniendo mucho que aportar todavía.