La reunión de la Ejecutiva Nacional del PP convocada para hoy por Mariano Rajoy, con el fin de dar respuesta a las condiciones ofrecidas por Ciudadanos para apoyar su investidura, acapara la atención política y mediática cincuenta días después de que se celebraran las segundas elecciones generales en seis meses. Pero poco cabe esperar de esa reunión. Incluso en el caso de que Rajoy decida aceptar todas las condiciones planteadas por Rivera, el hecho de que la suma de ambas formaciones no dé mayoría absoluta y la certeza de que a día de hoy no cuentan con ningún otro apoyo para que la investidura del presidente del PP prospere no permiten imaginar un desenlace rápido al colapso que vive la actividad política e institucional en el Estado. Y el repaso de los escasos ejemplos de diálogo y acuerdo que se han producido estos meses no dan lugar a la esperanza. Sigue habiendo demasiadas líneas rojas y advertencias para ver por dónde puede verse alguna salida. Mientras tanto, la situación general se deteriora, pues a la parálisis del Gobierno central hay que sumar la incertidumbre que se proyecta sobre los niveles institucionales autonómico y municipal, pendientes de criterios y decisiones que un Gobierno en funciones no puede adoptar, sin contar la amenaza que se deriva del incumplimiento de las obligaciones adoptadas por España ante la Unión Europea, que pueden devenir en severos ajustes para la ciudadanía y sus instituciones. Pero ante este deterioro, Rajoy, arrogante, deja pasar el tiempo y aplaza sine die cualquier movimiento que desbloquee la ruta que deba recorrer la actividad parlamentaria y gubernamental. El presidente del PP se enfrenta al doble reto de asegurar su investidura y de forjar los entendimientos básicos ineludibles que le permitieran desarrollar una acción de Gobierno, pero sigue atrincherado en su razón de Estado, en las consecuencias negativas de la parálisis y en las exigencias que Europa impone para no hacer lo que debe y confiar en que la presión que se ejerza sobre el PSOE le asegurará el inicio de un nuevo mandato, sin asumir los costes de su precaria situación. Y todo ello desde el convencimiento de que incluso ante una eventual nueva convocatoria electoral es quien menos tendría que perder. Rajoy debe dejar de jugar y someterse a una investidura. Es su obligación.
