El lunes, el movimiento feminista denunciaba hasta siete ataques machistas durante La Blanca. Ayer, último día de fiestas, se tenía noticia de un intento de agresión sexual contra una joven ocurrido en la madrugada del martes, apenas unas horas después de la concentración de denuncia que acogió la plaza de la Virgen Blanca. Y la noticia coincidía con la publicación del auto de procesamiento contra los cinco encarcelados por la presunta violación de una joven de 18 años el 7 de julio en Sanfermines. La dureza del auto judicial, así como la crudeza de la exposición de los hechos que realiza y la rotundidad de las pruebas a las que alude, incluyendo una grabación en vídeo de la agresión múltiple, no pueden llevar sino a la exigencia de la aplicación de la ley en su máxima contundencia. En ese sentido, el art. 179 del Código Penal contempla un castigo de entre 6 y 12 años para cada uno de los presuntos autores que, sin embargo, deberían elevarse a entre 14 y 15 años al confluir en el caso tres de las agravantes que se especifican en el art. 180: el “carácter particularmente degradante o vejatorio” de la violencia ejercida contra la víctima, la “actuación conjunta de dos o más personas” en la comisión de los hechos o la “especial vulnerabilidad” de la víctima por razón de su edad. Situación que podría haberse visto agravada por la condición de militar y de guardia civil de dos de los cinco presuntos agresores, condición que además permite considerar la especial alevosía del ataque y de la actitud posterior de los acusados al despojar a la víctima del teléfono móvil con el que hubiese podido solicitar ayuda. En todo caso y al mismo tiempo, el auto judicial de procesamiento dictado por el juez de Pamplona supone asimismo un alegato a la entereza y la coherencia de la joven a la hora de denunciar la agresión inmediatamente, lo que permitió, no solo localizar a los presuntos autores, sino también la intervención de pruebas que deberían ser determinantes. Y precisamente por todo ello el recorrido judicial del caso, independientemente de la actualidad mediática, debe responder exclusivamente a la gravedad de los hechos que relata el auto y hacerlo a la vez con la máxima contundencia, sirviendo como medida punitiva contra quienes hayan sido capaces de cometer tales actos. Porque la aplicación de la ley sin ambages ha de ser un elemento más para amparar y animar a la denuncia y para acabar con una lacra que, a la luz de lo ocurrido también en Gasteiz, está aún lejos de desaparecer.