La inauguración oficial esta madrugada de los Juegos Olímpicos de Río 2016 no ha acallado las críticas por los problemas de organización y estructuras que en las semanas anteriores han llevado a cuestionar la elección hace siete años en Copenhague de la ciudad brasileña como sede olímpica y la capacidad de Brasil para hacer frente al reto de organizar los juegos de la XXXI Olimpiada. En todo caso, ni el rechazo en amplias capas sociales del país ni los problemas de organización y seguridad son nuevos, puesto que ya se dieron con intensidad hace dos años durante el Mundial de Fútbol 2014 que también acogió y organizó el país carioca, con un coste similar, y que pese a todo se cerró con un relativo éxito deportivo. Ahora bien, que los Juegos de Rio resulten asimismo, que posiblemente lo hagan, un éxito en su aspecto meramente competitivo y un negocio para el movimiento olímpico y sus sponsors no puede ocultar el enorme esfuerzo que suponen para un país trufado de necesidades sociales y que no se halla precisamente en la senda de crecimiento que se dibujaba allá por 2009, cuando Rio fue elegida. Sin ir más lejos, la economía brasileña, pese a ser la séptima del mundo, se encuentra ahora en recesión -en 2015 el PIB se redujo un 3,5% y en los primeros seis meses de este año ha caído un 5,4%- y el presupuesto de los JJ.OO. ha crecido desde entonces en más de 2.200 millones de euros hasta alcanzar la para la sociedad brasileña espeluznante cifra de 8.600 millones de euros -es el montante admitido por el alcalde Rio, Eduardo Paes- aun si es netamente inferior a los 13.500 millones de euros de los JJ.OO. de Londres de 2012 y si el 43% del mismo ha sido financiado por empresas privadas, muy por encima del 17% de hace cuatro años. Porque pese a esa cierta contención presupuestaria, forzada por las circunstancias, es preciso cuestionar la oportunidad de que un país en el que 40 millones de personas (casi uno de cada cinco de sus habitantes) vive en la pobreza y 10 millones lo hacen en la miseria extrema relegue otras prioridades a las que dedicar los recursos públicos frente a la organización con dos años de diferencia de los dos mayores eventos deportivos mundiales. Aun si lo hace en el convencimiento de que tamaña inversión lleva implícita una revolución de sus infraestructuras y capacidades y, en consecuencia, importantes bases para el desarrollo del país.
