La precampaña electoral con vistas a la nueva cita con las urnas del próximo 26 de junio, poco a poco y más allá del vergonzoso intento de desviar la atención hacia asuntos como la situación de Venezuela, va fijando algunas posiciones iniciales de los partidos y candidatos respecto a los posibles acuerdos para la gobernabilidad -que, en cualquier caso, serán necesarios-, si bien aún no hay demasiada concreción en las propuestas. Algunas cuestiones, sin embargo, ya han salido de alguna manera a la palestra y serán claves para las futuras negociaciones. El líder y candidato socialista, Pedro Sánchez, quiso ser el primero en marcar terreno y recientemente hizo públicos los seis ejes que planteará a las formaciones tras el 26-J. Algunos de esos puntos están formulados como condiciones y vetos que pueden hacer de nuevo muy difícil un acuerdo progresista como el que el dirigente del PSOE dice buscar, un Sánchez que ayer mismo, ante los resultados de las encuestas que lo colocan en tercer lugar, anunció que intentará activar a la militancia socialista para evitar el sorpasso. Y uno de esos ejes es, otra vez, el rechazo en forma de veto al derecho a decidir y al referéndum que se plantean desde Catalunya y Euskadi, lo que, en la práctica, haría muy difícil un entendimiento con los nacionalistas vascos y catalanes e incluso con Unidos Podemos. El rechazo del PSOE al derecho a decidir, planteado como una línea roja que nunca va a traspasar, es cuestionable desde el punto de vista político, democrático y de oportunidad y condena, de facto, a la imposibilidad de resolver mediante un proceso de respeto a la voluntad popular mayoritaria el problema territorial. Una semana ha pasado desde que miles de personas se manifestaran en Barcelona convocados por una amplísima representación de sindicatos, entidades sociales y partidos en protesta por la suspensión por parte del Tribunal Constitucional a instancias del Gobierno de Rajoy, de leyes democráticamente aprobadas por el Parlament. Normas dirigidas, además, a mejorar las condiciones y otorgar derechos sociales a los sectores más desfavorecidos. Este veto del TC y del PP es un paso más en la recentralización y un nuevo recorte al derecho a decidir. Porque, en definitiva, vetar el derecho a decidir supone vetar también derechos básicos para el bienestar de la ciudadanía que aquel ampara, algo sobre lo que deberían reflexionar seriamente los socialistas.