Casi 38.000 personas residentes en 34 localidades vascas -la gran mayoría, en Gipuzkoa- participaron ayer en las votaciones que, a modo de consulta o referéndum simbólico, organizó el movimiento popular Gure Esku Dago para pulsar la adhesión ciudadana al derecho a decidir e impulsar su ejercicio por medio del voto. La participación en esta consulta reivindicativa supone casi un 30% del censo de esta treintena de municipios, en los que estaban “llamados a votar” un total de 125.332 personas mayores de 16 años. Como era de esperar, el porcentaje de síes fue abrumador, tanto porque los pueblos elegidos para esta movilización cuentan con una clara mayoría social abertzale como por la lógica de que quienes se animan a participar en una consulta de estas características -no vinculantes y sin valor legal alguno- son personas ya concienciadas, partidarias del derecho a decidir y dispuestas a hacerlo efectivo. Más allá del éxito o fracaso de la convocatoria -que, según han anunciado ya los organizadores, tendrá su continuidad en decenas de municipios-, la iniciativa de ayer se inscribe dentro de los grandes actos que Gure Esku Dago celebra anualmente desde hace dos años con el objetivo de socializar y extender a toda la ciudadanía el debate sobre el ejercicio del derecho a decidir en Euskadi. En este sentido, este año se ha buscado “un punto de inflexión” con la celebración de estas votaciones, tras el amplio respaldo que obtuvo la cadena humana que tuvo lugar en 2014 y la desigual respuesta de los actos celebrados el año pasado en diferentes lugares del país, principalmente en estadios. Estos referéndums simbólicos buscan emular de alguna manera la situación vivida en Catalunya, donde la consulta que tuvo lugar en Arenys de Munt en 2009 supuso un revulsivo que reactivó el movimiento independentista, hasta llegar al referéndum, también sin valor jurídico, que impulsó hace dos años la propia Generalitat, aunque en realidad el proceso catalán se encuentra en un importante impasse. La experiencia de ayer, como el resto de actos que buscan el impulso y la participación de la sociedad civil en el proceso de reivindicación y consecución del derecho a decidir, pone encima de la mesa la necesidad de construir consensos y articular mecanismos válidos, legales, democráticos y viables para hacer realidad el derecho de los vascos a decidir su futuro.