La justicia, en este caso el Tribunal de Cuentas, ha tardado demasiado tiempo en determinar lo que cualquier ciudadano sabía desde hace años: el local alquilado por el Ayuntamiento a Gonzalo Antón en la calle San Antonio no beneficia en nada a Vitoria y sí en mucho al que fuera presidente del Alavés. También es muy consciente la mayoría de la gente de que este ruinoso negocio para la ciudad no es culpa del empresario sino de la negligencia de quienes gestionan el dinero de todos, en muchas ocasiones dilapidado con una alegría impropia, sobre todo porque son estos mismos gestores los que al mínimo contratiempo -aunque sea fruto de su propia irresponsabilidad- nos obligan a apagar la luz o la calefacción cuando no a quitarnos el pan de la boca. No obstante, y una vez que parece se ha dirimido la responsabilidad del oneroso contrato, queda por cerrar un capítulo que en absoluto puede quedarse pendiente. Porque una cosa es la legalidad -el Ayuntamiento firmó un contrato y debe asumirlo- y otra distinta es la justicia de que sean los ciudadanos los que deban verse perjudicados durante tantos años por la impericia de sus regidores. Urge una solución, mejor un entendimiento, en el que prime el interés general sobre el particular.
