La firma por el lehendakari Iñigo Urkullu y la presidenta Uxue Barkos del Protocolo de Colaboración entre la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) y la Comunidad Foral de Navarra (CFN) en una veintena de materias con el fin de mejorar las prestaciones de los servicios públicos ofrece un contraste absoluto con la pretensión, explicitada ayer en Iruñea, del presidente en funciones del gobierno español, Mariano Rajoy, de eliminar la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución española que establece los mecanismos para que los navarros se pronuncien sobre la unión entre ambas comunidades. Más claramente, mientras los gobiernos navarro y vasco tratan de concertar políticas de colaboración que redunden en beneficio de sus respectivas sociedades y concreten en el presente la innegable ligazón histórica entre los cuatro territorios que comparten régimen foral, Rajoy pretende que el gobierno español utilice una posible reforma de la carta magna para todo lo contrario al anular la previsión constitucional que, razonada en esa ligazón histórica, contempla la opción de que los navarros decidan llevar esa colaboración entre territorios al máximo nivel de integración. Rajoy, sin pretenderlo, da así fundamento a la necesidad de que la CAV y la CFN estrechen lazos también en la defensa de su respectivo autogobierno, tal y como expresaron ayer Barkos y Urkullu. Si ambas comunidades ya se topaban con nada ocultos cuestionamientos de sus respectivos regímenes de Concierto y Convenio y con la recentralización de competencias, la pretensión de Rajoy -y de UPN, que vende una supuesta defensa de la foralidad frente a “partidos jacobinos” de la mano del PP, el más jacobino de los partidos- atenta contra la base foral sobre la que se constituyó el autogobierno vasco y navarro. No en vano, la Disposición Adicional Primera de la Constitución “ampara y respeta los derechos de los territorios forales”, sin exclusión alguna, entendiendo entre tales la pertenencia histórica de dichos territorios a una misma comunidad sociocultural y política y su posible concreción en distintas formas de colaboración. Más grave aún si cabe, la pretensión de Rajoy de eliminar la Transitoria Cuarta anularía el derecho democrático básico, que la Constitución sí contempla, de que sean los navarros, a través de su órgano foral y de un referéndum, quienes decidan su futuro.
