La reunión del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con José María Aznar -como ya hiciera otro ministro, el del Interior, Jorge Fernández Díaz, con Rodrigo Rato- para tratar de una multa de 70.000 euros al expresidente español por eludir éste el pago de impuestos; la detención e imputación del alcalde de Granada, José Torres Hurtado, en relación a una trama acusada de cohecho, fraude y prevaricación entre otros delitos; la cada vez más enrevesada explicación del ministro José Manuel Soria a su relación con una firma offshore en Bahamas... son solo los últimos de los escándalos que, en pleno proceso de investidura abocado a nuevas elecciones, siguen sacudiendo, uno tras otro, al PP. Sólo en los últimos cuatro meses, desde la campaña del 20-D, al partido de Mariano Rajoy le han surgido, además de los ya citados, el caso Taula que implica a la senadora y exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, en una comunidad autónoma en la que el PP tiene más de 200 cargos imputados y condenados (en total son más de 500 en todo el Estado); las nada ambiguas declaraciones del exministro y expresidente balear, Jaume Matas, en el juicio del caso Nóos; los reveladores datos de enriquecimiento ilícito en el PP de Madrid conocidos tras levantarse el secreto de sumario de la trama Púnica; el caso Acuamed de adjudicación fraudulenta de contratos públicos inflados para obras hídricas y medioambientales entre 2007 y 2014; la imputación por cohecho, blanqueo y fraude del exembajador Gustavo de Arístegui y el diputado Pedro Gómez de la Serna... o el caso de malversación atribuido a Arturo Aldecoa en Bizkaia. Desde el nivel municipal a sus más altas instancias políticas, todos y cada uno de los estratos del Partido Popular están salpicados por escándalos relacionados con malas praxis en el ejercicio de la representación política, sea esta institucional o interna del partido, con una extensión y diversificación que impide atribuirlos a actitudes individuales. Las prácticas ilícitas, fraudulentas, delictivas, como mínimo desleales hacia sus representados, a quienes han venido exigiendo -e imponiendo- lo que en el propio PP se revela incumplido de modo generalizado desde que en 2009 estallara el caso Gürtel, son en realidad la imagen de marca del partido que preside Rajoy. Y le inhabilitan para gobernar. Pero en eso, en último caso, son los electores quienes deben tomar partido.