La reunión que celebran hoy los secretarios generales del PSOE, Pedro Sánchez, y Podemos, Pablo Iglesias, cuando se cumplen exactamente cien días de las elecciones generales del pasado 20 de diciembre, es el mejor reflejo de la muy limitada profundidad política y la escasa responsabilidad con que las cuatro principales formaciones con representación parlamentaria en las Cortes españolas afrontaron desde un inicio y han venido desarrollando el denominado proceso de investidura. Lo constata así el mero hecho de que en esos cien días desde la cita con las urnas apenas se haya logrado un pacto, el firmado por el PSOE y Ciudadanos hace ya más de un mes, el pasado 24 de febrero, que se ha demostrado inservible salvo como previsto cortafuegos de una entente entre quienes todavía hoy se reúnen por primera vez en busca de superar ese impedimento. Es decir, que nada de lo hecho en estos cien días, o al menos de lo trascendido entre anuncios de contactos y reuniones de una superficialidad supina, ha cambiado un ápice las opciones de formación de un gobierno que sigue dependiendo del acuerdo entre PSOE y Podemos, con el añadido de otras formaciones de izquierda y nacionalistas, o de la llamada Gran Coalición con el PP que el secretario general del PSOE ha negado por activa y pasiva. Lo más curioso es, sin embargo, que lo que ha resultado imposible en las negociaciones seguramente por meros intereses de parte, en su caso electorales, en su caso internos, no lo es tanto en la actividad parlamentaria, a pesar a lo limitado de la misma por los resultados de las elecciones del 20-D y el mantenimiento de un gobierno en funciones. Ayer, sin ir más lejos, esa realidad se dibujó terca en diversas iniciativas parlamentarias: la proposición de ley para frenar la implantación de la Lomce, que apoyarán todos los grupos salvo el PP; el veto al fracking, que también contó con el apoyo de todos los grupos salvo el PP y en este caso la abstención de Ciudadanos; la propuesta en la Comisión de Industria sobre el almacén Castor, que sólo fue rechazada por los populares; o el reclamo de un plan industrial para Navantia, con el único voto contrario de los de Rajoy. En ese escenario, relativamente nítido, se hace aún menos comprensible, también para el ciudadano que debería volver a votar, el fracaso de la política que llevaría a una nueva convocatoria electoral.