La publicación por la Agencia Tributaria de una lista de personas y entidades deudoras de la Hacienda estatal, en concreto 345 personas físicas con una deuda conjunta de 700 millones y 4.510 empresas que deben 14.900 millones, apenas da una visión muy limitada del volumen del fraude fiscal en el Estado español y difícilmente puede servir al objetivo de su persecución que pretende dar a entender el Ministerio de Hacienda hasta ahora dirigido por Cristóbal Montoro. En primer lugar, una gran parte de esos 15.600 millones de deuda que acumulan los 4.855 contribuyentes del listado de morosos hecho público ayer difícilmente podrá ser recuperada, tal y como denuncian los propios técnicos de Hacienda, dado que el 57% de dicha cantidad, 8.834 millones, corresponden a empresas en concurso de acreedores o en proceso de liquidación, lo que incide en la tendencia ya comprobada el pasado año con el descenso de más de 630 millones en el cobro de deuda pendiente por la Agencia Tributaria. En segundo lugar, el listado publicado no incluye a aquellos contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal decretada por Montoro y que, al hacerlo, legalizaron su situación sin necesidad de satisfacer todas las cantidades pendientes de pago a Hacienda ni tampoco aquellas empresas o particulares a los que se ha sancionado tras habérseles descubierto prácticas fraudulentas con el fisco o a los que se ha aplazado el pago de multas por esta misma cuestión, entre las que se incluyen varias multinacionales, ni aquellos que acumulan deudas con el fisco inferiores al millón de euros. Es decir, los 15.600 millones de deuda que acumulan los 4.855 contribuyentes de ese listado apenas supondrían una tercera parte del fraude a la Hacienda del Estado, que según los técnicos del ministerio ascendería a 52.000 millones de euros, cantidad similar a la empleada en el rescate al sector bancario, casi diez veces el déficit de la Seguridad Social y, por concretar, cuatro veces lo ahorrado con el plan de recortes sociales puesto en marcha en 2010. Y en consecuencia cabe entender que la publicación de la lista de morosos por el Ministerio de Hacienda no solo no ayuda a que aflore el fraude fiscal sino que, por el contrario, ofrece una irreal sensación de persecución que contribuye a ocultar la principal parte del mismo.
