El problema del PP -y de su presidente, candidato y miembro relevante de la cúpula del partido en las últimas dos décadas Mariano Rajoy- supera con mucho el hecho de que el ya exembajador en la India Gustavo de Arístegui o el número dos de la lista popular por Segovia, Pedro Gómez de la Serna, presenten con mayor o menor celeridad su renuncia. Y va mucho más allá de las fundadas sospechas de que ambos, a través de su empresa y valiéndose de sus cargos, hayan ingresado comisiones por mediar en contratos de firmas españolas en el extranjero. Ni siquiera se ciñe a que esa actuación sea delito o no. El problema del PP y de Rajoy, o viceversa, es que Arístegui y De la Serna no serían una excepción sino otra consecuencia más entre los innumerables casos de un modelo de actuación que alcanza a todos los niveles, estratos y generaciones de la formación popular. Este modelo se extiende desde quienes formaron parte del primer gobierno de José María Aznar -como Arístegui, director general del gabinete de Jaime Mayor Oreja en Interior, o el propio Rajoy- hasta quienes, como De la Serna, han llegado al Congreso en la legislatura que ahora se cierra. Y no se trata, como ha pretendido la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, de que Gómez de la Serna supiera cuál es su situación y deba actuar en consonancia, sino de que el PP sí sabe cuál es la situación y no actúa. Tanto en este caso como en otros anteriores, desde la trama Gürtel a la contabilidad B de Luis Bárcenas -con todos los tesoreros del PP imputados-, pasando por otras corruptelas menores en monto pero no en amoralidad. Porque el del PP y Rajoy, o viceversa, no es un problema de legalidad, que no necesariamente es sinónimo de honestidad. Por el contrario, en muchas ocasiones la ley ha servido de coartada para ignorar la honestidad, tan exigible o más que la legalidad. Porque no hay legalidad que blanquee la deshonestidad. Y el problema del PP y de Rajoy, o viceversa, son y siguen siendo los mismos dirigentes con los mismos métodos, que más de dos décadas después ni el PP ni Rajoy han cortado, ni siquiera han pretendido hacerlo realmente ante clamorosas actitudes que corrompen la credibilidad de su formación y, más grave aún, la confianza de los ciudadanos en el sistema democrático de representación política.