el gobierno alemán de Angela Merkel aprobó ayer la propuesta -pendiente del respaldo del Bundestag- de enviar 1.200 soldados, aviones y una fragata en apoyo a los bombardeos que Francia viene desarrollando contra las posiciones del Estado Islámico en Siria. La Cámara de los Comunes británica, tras la libertad de voto concedida por el líder laborista Jeremy Corbyn a sus diputados, dará hoy previsiblemente su apoyo a la propuesta del premier británico, David Cameron, de ampliar a Siria los bombardeos contra el Daesh en Irak. El secretario estadounidense de Defensa, Ashton Carter, admite que su país está en guerra con el Estado Islámico y adelanta que va a reforzar los contingentes de fuerzas especiales en Siria e Irak. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, asegura que los aliados deben acelerar sus esfuerzos contra el “nuevo reto cualitativo” del yihadismo. Todo apunta a una nueva escalada bélica con múltiple participación internacional ante la que, sin embargo, el Gobierno de Mariano Rajoy no se ha pronunciado. Salvo la maniobra de confusión del ofrecimiento inicial tras los atentados de París y la posterior negativa a relevar al contingente de soldados franceses en Malí y a pesar de que el ejército español ya tiene presencia en los límites del conflicto al haber desplegado una batería de misiles y 155 soldados en Turquía, a unos 100 kilómetros de la frontera con Siria, el Gobierno Rajoy no ha dicho una sola palabra al respecto. Y las declaraciones de ayer del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, sólo desvelan el esfuerzo que viene realizando el Gobierno del PP por separar una posible decisión del debate electoral. Sin embargo, pretender ocultar hasta después de las elecciones del 20-D las intenciones que alberga el presidente Rajoy sobre el conflicto bélico sirio en caso de que resulte reelegido permite intuir el sentido de su posible decisión, que sus estrategas de campaña creen que sería contraria a la opinión mayoritaria de la sociedad y avanza lo que supondría un auténtico fraude al electorado. Porque los electores deberían conocer de modo nítido de antemano la posición de los partidos, especialmente del PP, que ostenta el gobierno, sobre una decisión tan relevante como la eventual participación de España, en la medida en que sea, en un nuevo conflicto bélico.
