el acuerdo en torno a los presupuestos del Gobierno Vasco para el próximo año -sobre un montante total de 10.933 millones de euros- que alcanzaron ayer PNV y PSE es una consecuencia lógica de los acuerdos anteriores entre ambas formaciones para encarrilar la salida a la crisis económica en Euskadi, al tiempo que se mantiene el nivel de los servicios sociales. De hecho, el consenso sobre las grandes líneas económicas es ya el tercer acuerdo consecutivo desde que jeltzales y socialistas pactaron la fiscalidad vasca hace dos años y responde a la dinámica política de colaboración que ambas formaciones han establecido en ayuntamientos y diputaciones tras las últimas elecciones municipales y forales. Esta entente viene a facilitar estabilidad parlamentaria al Gobierno de Iñigo Urkullu, que ahora, una vez dotado de la herramienta presupuestaria, tendrá que poner en marcha políticas efectivas que incentiven la ansiada reactivación económica. En este contexto y sobre estas mismas bases, la Diputación alavesa que preside Ramiro González y el alcalde Gorka Urtaran también han pactado con los socialistas sus respectivos proyectos presupuestarios, con la diferencia de que en este caso ambos necesitan de otros apoyos para lograr mayorías que saquen adelante las cuentas. Sin embargo, los tres niveles institucionales ofrecen escenarios muy diferentes. Si la holgada mayoría que suman jeltzales y socialistas en el Parlamento Vasco les hace no tener que mirar hacia la bancada de Bildu, no es el caso de los mandatarios jeltzales en Álava y Vitoria. El diputado general Ramiro González cuenta, no obstante, con un diálogo fluído y una complicidad de partida con el grupo de Kike Fernández de Pinedo, quien este mismo domingo ya avanzaba en su entrevista con DNA que la base social de su formación ve con buenos ojos un acuerdo presupuestario con el PNV, por cuanto que le ofrece a la coalición soberanista la oportunidad histórica de influir de una manera importante en la política alavesa. No es el caso del Ayuntamiento de Gasteiz, donde la política de contención presupuestaria que se ha visto obligado a aplicar Gorka Urtaran estrecha enormemente el margen de negociación y el grupo de Miren Larrion se ve tentado a abanderar un discurso antirrecortes, aunque con un recorrido político de inciertos resultados.