Refrendando su vis más sectaria e intransigente, el PP registró ayer en el Congreso de los Diputados una proposición de ley de reforma del Tribunal Constitucional para poder multar e incluso suspender de sus funciones a los empleados públicos y gobernantes que no cumplan sus sentencias y resoluciones, una modificación legal urdida para un posible escenario de declaración unilateral de independencia de Catalunya. La precipitada iniciativa para forzar el ordenamiento jurídico por impulso patrio pone en evidencia el el miedo cerval del PP a la democracia, no ya al resultado del eventual sufragio, sino incluso a la colocación misma de las urnas. Una aberración democrática revestida además de un burdo mesianismo y un paternalismo insultante, como si no cupiera más verdad que la emanada de la sede de la calle Génova y la ciudadanía catalana necesitara una redención en su pretendida inmadurez. También deben constatarse las trampas dialécticas del PP, que advierte contra el choque de trenes en Catalunya alertando sobre la fractura social del país, cuando su responsabilidad en aras al interés general hubiera sido arbitrar vías para dar cauce a las legítimas reivindicaciones soberanistas y proveer un mecanismo tasado, legal, claro y transparente para ejercer el derecho a decidir sobre el marco jurídico. Apuntadas las cuestiones de fondo, las formas de la presentación del texto para reformar el Constitucional también han delatado al PP, cuyo candidato en los comicios catalanes, el estridente y demagogo exalcalde de Badalona Xavier García Albiol, participó en el acto de registro en la Cámara Baja para dotarlo de un carácter electoralista que apesta. Como también cabe censurar, una vez más, la prepotencia que demuestra el PP, que va a tramitar la referida modificación legal por el procedimiento de urgencia y en lectura única, es decir, sin pasar por ponencia ni comisión. La mayoría absoluta vuelve a ser convertida por el PP en un abuso de poder, tanto para recortar derechos laborales y libertades públicas como para mermar el autogobierno de las comunidades por vía legislativa o aprobar los Presupuestos Generales del Estado. El corolario a semejante despropósito es que, con su recurso a la justicia coercitiva en lugar del diálogo político, el PP se ha tornado en una febril fábrica de adeptos al soberanismo que dice combatir.