la evidencia de que la economía vasca se está reactivando y los indicadores macroeconómicos animan a una perspectiva más optimista tras siete largos y duros años de crisis no debe llevar a las instituciones y agentes socioeconómicos del país a bajar la guardia respecto al impacto social que está dejando el período. En los próximos meses y años se hará necesario el mantenimiento de la atención social a las víctimas del severo bache económico. Uno de los más emblemáticos efectos de la crisis iniciada en 2008 han sido los desahucios de viviendas. Aunque en los últimos meses no se vivan a diario las imágenes más dramáticas de esta realidad y la intensidad de las protestas se haya ido canalizando en gran parte hacia la acción política, el problema mantiene sus variables de dramatismo. La pérdida de la vivienda propia es una tragedia vital para cualquier familia. En Euskadi, la situación económica comparativamente mejor que en el entorno, el amparo social y familiar, las medidas de mediación y la acción protectora de las instituciones dentro de sus posibilidades ha servido para mitigar el problema. Comparativamente con el Estado, Euskadi registra índices mucho menores de desalojos de vivienda habitual, pero ese consuelo no alcanza a quien le toca vivir esa tragedia en primera persona. En muchas ocasiones, la dimensión económica del debate nos impide ver todas las variables de su impacto social. En el último año y medio, en Euskadi se han producido casi 3.300 desahucios de primeras viviendas y casi las dos terceras partes de ellos corresponden al impago de alquileres y no de créditos hipotecarios. Por ello, más allá de la simplificación del problema a un esquema de víctimas y verdugos, su dimensión social está afectando a ambos lados del litigio. Es preciso además tener en consideración que, en el caso de impagos de hipotecas, una gran mayoría de ejecuciones de desahucio en el último año tienen su origen en préstamos suscritos en 2007, el año anterior al inicio de la crisis. No es aventurado temer que muchas de las operaciones acometidas en fechas posteriores estén en riesgo de recorrer ese camino en el futuro. En consecuencia, el amparo de esa parte de la sociedad vasca sigue siendo imprescindible para compensar, también, una legislación básica estatal cuya reforma paliativa ha sido insuficiente.
