la pretensión del Fondo Monetario Internacional (FMI) de incidir en medidas de ajuste que profundizarían las ya puestas en práctica durante la crisis, a pesar de prever un comportamiento positivo de la economía con tasas de crecimiento superiores al 3%, es un contrasentido que no se justifica y confirma el sesgado corte de este organismo internacional. El FMI hace ya tiempo que soslayó los principios reales bajo los que surgió, fruto de los acuerdos de Bretton Woods, e incluso los intereses de los 188 países que lo conforman, para alinearse descaradamente con el más acendrado neoliberalismo elitista del denominado Consenso de Washington y la exigencia de políticas de estabilización macroeconómica y de expansión de las fuerzas del mercado. Pero ese mismo alineamiento es el que da base a las críticas al organismo y al cuestionamiento de sus recomendaciones y exigencias, que en no pocas ocasiones se han revelado contraproducentes. Además, estos planteamientos ignoran las diferencias existentes entre diversos ámbitos económicos, como puede ser el caso de Euskadi en relación con el Estado español. Así, en lo que respecta a la economía vasca, pretender que acometa un nuevo abaratamiento del despido cuando se cuestiona, fundadamente, el que ya supuso la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy, cuando lo que se precisa son políticas que incentiven la contratación y el empleo; o plantear la aplicación del copago sanitario o educativo, cuando lo que exige la sociedad vasca es el fortalecimiento de las políticas sociales, con las herramientas propias del autogobierno, que se han logrado mantener en los peores momentos de la crisis, son absurdos que sólo pueden explicarse en el desconocimiento más absoluto de la realidad socioeconómica de Euskadi. Y es que las recetas del FMI responden a intereses más amplios, estatales, europeos o globales. Hoy, cuando el Gobierno vasco prevé que la economía vasca crezca un 2,5% este año y el próximo, no son políticas de crisis y contención las que se precisan, sino estrategias que apuntalen esa recuperación, incentiven el consumo y el empleo y, a través de estos logros, permitan recuperar parte del bienestar cedido por la sociedad durante estos últimos años. Precisamente todo lo contrario a lo apuntado por el organismo que preside Christine Lagarde.