se han oído ya demasiado ruido y muchas diatribas durante los últimos meses en Vitoria acerca del supuesto fraude en las ayudas sociales, de la casuística que estigmatiza al colectivo magrebí, de la percepción de los inmigrantes como una amenaza o de la necesidad de restringir de una vez la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). Desde que al alcalde Javier Maroto le dio por desatar una cruzada -alimentada cíclica y calculadamente desde hace ya casi un año- contra las ayudas sociales a los inmigrantes extranjeros -y apuntando expresamente a los magrebíes-, no se puede obviar que la sociedad alavesa ha abrazado en la calle muchos de estos argumentos facilones, que crean un caldo de cultivo propicio para desatar la xenofobia latente en el subconsciente y los bajos instintos de amplias capas de la población autóctona. Y, sin embargo, de esta misma sociedad emerge también un discurso alternativo cuya expresión quizás no sea tan ruidosa, pero no por ello es menos contundente. “Podíamos haber optado por mostrar ira y haber reaccionado al odio con odio... pero esta sociedad no se merece que se le someta a una escalada de tensión, una dinámica de ataque y defensa”, subraya la iniciativa Gora Gasteiz en un encomiable tono positivo desde la tribuna que DNA publica hoy -en esta misma página anterior- para hacer un llamamiento a participar en los actos de color y diversidad que la plataforma ha convocado para este sábado en las calles de la capital alavesa. Y ayer mismo, un centenar de entidades sociales, culturales y políticas vascas salía en defensa de la figura de la RGI en su iniciativa +Derechos Eskubideak+ como respuesta a la creciente pobreza y exclusión que se vive también en Euskadi y el cuestionamiento del sistema de protección social emprendido por la plataforma Ayudas+Justas, alentada por la cruzada de Maroto. Frente al populismo electoralista, el discurso excluyente y las acusaciones falaces contenidas en las arengas del PP alavés, plataformas como Gora Gasteiz o +Derechos Eskubideak+ aportan datos -que evidencian que el fraude en las ayudas sociales es corregible, pero resulta cuantitativamente irrelevante, como concluyó la comisión formada en el Ayuntamiento vitoriano- y, sobre todo, apelan a la racionalidad y a los valores de la diversidad cultural, el respeto a la diferencia o la solidaridad.