Cuando se cumplen, justamente hoy, tres años desde que el joven seguidor del Athletic Iñigo Cabacas recibiese un pelotazo de goma -que resultó mortal- disparado por un ertzaina mientras celebraba una victoria de su equipo, la investigación de los hechos ha tenido avances que permiten conocer qué ocurrió en aquellos momentos pero que, sin embargo, no sirven para lo fundamental: determinar con exactitud y más allá de la duda razonable quién efectuó el disparo y de qué manera, es decir, si cumplía las normas y protocolos establecidos precisamente para evitar desenlaces fatales como el de este caso. En estas circunstancias, tres años sin apenas novedades y sin que haya visos de que pueda haberlas son un tiempo excesivamente largo para que pueda hablarse de justicia en su definición más exacta y democrática, todo ello sin poner en duda la profesionalidad y exhaustividad con la que trabaja la jueza del caso, Ana Torres. El propio fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, ha defendido en más de una ocasión que la dilación en la investigación judicial de determinados casos supone, en sí misma, un deterioro inaceptable de la justicia. Ayer mismo, Calparsoro volvió a reiterar que la demora en el caso Cabacas supone “un sufrimiento añadido para los padres y demás familiares” de la víctima y que mientras no se aclare lo que ocurrió “parece que toda la Ertzaintza está en cuestión”. En efecto, cuando la justicia no termina por imponerse con la debida diligencia, todas las hipótesis están abiertas, máxime cuando, como en este caso, hay sectores interesados en lanzar acusaciones generalizadas contra la Ertzaintza, aun manipulando y tergiversando los hechos, y en imponer un relato que poco tiene que ver con la realidad. La familia y entorno de Iñigo Cabacas y toda la sociedad vasca están esperando que se aclare lo sucedido y se depuren, en su caso, las responsabilidades a que hubiera lugar. Es inimaginable que la instrucción del caso pueda demorarse mucho más. En ese sentido, tanto la fiscalía como la acusación particular -que, aunque critica la lentitud no ha hecho sino demorar aún más el proceso con muchas de sus actuaciones- y hasta el órgano de gobierno de los jueces -por ejemplo, liberando a la magistrada de otros casos- deben obrar en consecuencia para, con responsabilidad, esclarecer los hechos y, en definitiva, hacer justicia.