amnistía Internacional denuncia en su informe presentado ayer que el número de ejecuciones en aplicación de la pena de muerte aumentó de forma alarmante el pasado año. Al menos 2.466 personas -el ocultismo oficial impide conocer una cifra real- fueron sentenciadas a la pena capital en 2014, un 28% más que el año anterior. Y ello pese a que la tendencia en el ámbito internacional avanza hacia su abolición. Además, casi 20.000 hombres y mujeres -muchos de ellos discapacitados, enfermos y menores- esperan en los llamados corredores de la muerte la aplicación de este asesinato legal. Amnistía Internacional ha documentado que, según los datos oficiales, se ejecutó a 607 personas el pasado año, aunque su informe no incluye los miles que se llevaron a cabo en China y que este país mantiene en secreto. Tampoco las ejecuciones judiciales en Siria, Egipto o Corea del Norte, cuyas cifras también se desconocen. EEUU, Irak, Irán y Arabia Saudí son los países que han paralizado el retroceso de los últimos años en la aplicación de la pena de muerte. Desde que en 2007 la Asamblea General de la ONU adoptase una resolución impulsada por la UE en la que se instaba a la declaración de una moratoria internacional en la aplicación de la pena de muerte, sólo 22 de los 198 Estados miembros llevaron a cabo ejecuciones el año pasado. Amnesty afirma que la pena capital es la negación más extrema de los derechos humanos. Consiste en el homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado en uso del privilegio que le concede el monopolio legal de la violencia, y en nombre de una supuesta justicia. Es un castigo cruel y degradante. Es discriminatorio y a menudo se utiliza de forma desproporcionada contra los sectores económicamente más desfavorecidos y minorías raciales, étnicas o religiosas, así como menores o discapacitados. Sin olvidar que ha sido y sigue siendo un instrumento de represión política o sexual, con condenas obtenidas mediante torturas, engaños y compra de testigos, sin garantías judiciales ni posibilidad de defensa. Y es inevitable que se cobre víctimas inocentes. Mientras la justicia humana sea falible, no se podrá eliminar el riesgo de ejecutar a un inocente. El universo de decapitaciones, ahorcamientos, inyecciones letales y fusilamientos se expande en un mapa de la infamia.
