la mención expresa a la prisión permanente revisable en el pacto contra el terrorismo yihadista que el tándem del bipartidismo llevó ayer cocinado al Congreso de los Diputados ha obligado al PSOE a hacer auténticas piruetas y su grupo parlamentario se encontró incluso, en su cónclave interno antes del debate, con la contestación de varios electos encabezados por las críticas Eduardo Madina, quien abrió la espita con una gráfica pregunta: “¿Qué nos ha pasado?”. Entre el coste en la base social del PSOE que supone tragar con la cadena perpetua a la que históricamente se han opuesto los socialistas y las ansias de Pedro Sánchez por ganar interlocución en la alta política de Estado frente al offsider Podemos y la presión de la encuesta del CIS que desplaza a los socialistas al papel de visagra, Ferraz vuelve a tirar de calculadora electoral en sus malabarismos. También el Gobierno de Mariano Rajoy contabiliza el rédito que le renta instaurar la cadena perpetua e intensificar el control policial, a través de la Ley de Seguridad Ciudadana, para exhibir músculo ante el tendido de la rancia derecha española, su reserva electoral. Ha sido la primera vez que una modificación legislativa del calado del Código Penal es aprobada por un solo partido, con la oposición del resto de las fuerzas políticas -el PSOE se opuso a la reforma, aunque termina aceptando la prisión permanente en el pacto antiyihadista- y de no pocas voces autorizadas de la magistratura, fiscales, abogados y expertos penalistas. La regresiva reforma del PP recupera la cadena perpetua eliminada en 1928 en plena dictadura de Miguel Primo de Rivera, pero también endurece delitos y acota solapadamente derechos y libertades. Junto con la Ley de Seguridad Ciudadana y la conversión de numerosas faltas en delitos, esta reforma supone una auténtica poda de derechos fundamentales y de mecanismos de control democrático sobre el Gobierno. El endurecimiento penal se antojaba además innecesario, puesto que el Estado español registra una de las tasas de criminalidad más bajas de la UE y tiene sin embargo una de las mayores poblaciones reclusas. Colar la cadena perpetua en el pacto antiterrorista denota la vulnerabilidad ante la alarma social que esconde esta figura de inspiración vengativa y contraria al principio de reinserción, que el PP impone por extremismo ideológico.
