EL decreto por el que el Gobierno español aprobó el pasado viernes una reforma del sistema universitario en el Estado adolece, en primer lugar, de la misma tara fundamental que ha venido caracterizando a todas y cada una de las decisiones legislativas tomadas unilateralmente por el Ejecutivo Rajoy, la de la oposición frontal de todos los niveles del sector a la que dicha legislación afecta o, lo que es lo mismo, la absoluta ignorancia por el gobierno de los deseos e inquietudes de, en este caso, la propia universidad. De esa carencia insalvable y de la consecuente resistencia a la reforma por parte de los rectores, los sindicatos, los estudiantes y la oposición política, se deduce que, pese a lo que pretenden el ministro José Ignacio Wert y la secretaria de Estado de Educación, Universidades y Formación Profesional, Montserrat Gomendio, no ha existido, como no existió en la anterior reforma educativa que desembocó en la imposición de la Lomce, ni diálogo ni intención de consenso por parte del Ministerio. Pero, además, la reforma universitaria se impone, como critica la propia universidad, sin haber realizado una evaluación seria del actual sistema, que se empezó a poner en funcionamiento a raíz del Plan Bolonia, solamente en 2006, esto es, hace menos de nueve años, apenas dos ciclos en el mejor de los casos. También supone, como se vaticina desde el ámbito universitario, un encarecimiento de los estudios -de media, un año de máster triplica el precio de un año de grado-, lo que los elitiza, y/o una devaluación de la calidad de los mismos. Y, por ende, conlleva una desregulación de la enseñanza universitaria y una ilógica desigualdad en las exigencias de los diversos campus para idénticas titulaciones que conlleva una depreciación de las mismas. Con todo ello, sólo cabe deducir que lo que pretende el ministro Wert es favorecer la privatización universitaria en detrimento del actual sistema público de universidades. Y no debe ser casualidad que esa misma pretensión ya se denunciara como motivo primordial de la aprobación de la Lomce ni que una reforma universitaria que debería marcar el devenir de la formación de las próximas generaciones se apruebe carente de consenso y apoyos cuando quedan escasos meses para el final de la actual legislatura y de la mayoría absoluta del partido del gobierno.