El aumento en los últimos seis años, evidente más allá de la realidad estadística, de las situaciones de pobreza y carencia de bienestar en Euskadi plantea al mismo tiempo la necesidad perentoria de retomar el crecimiento económico y la urgencia inmediata de reducir las notorias consecuencias de una crisis que ha dejado a ciento treinta mil personas (5,9% de la población) en situación de penuria y provoca carencias de bienestar a otras 252.000. El mero hecho de que la crisis económica, y especialmente el desempleo causado por esta (con una tasa del 14,5% en estos momentos) hayan llevado a esos niveles de afección a casi dos de cada diez vascos de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) hace imprescindible la reactivación de la economía, la búsqueda de nuevos nichos de empleo y la readecuación del mercado laboral -en oferta y demanda- a dichas necesidades. Prueba evidente es Araba, territorio que presenta, con apenas el 14% de la población de la CAV y un 17% del PIB, el 20% de la pobreza real y el 19,7% de la ausencia de bienestar; porcentaje no ajeno a una tasa de desempleo un punto y medio (15,9%) superior a la media vasca. En ese sentido, la inversión pública y el impulso al emprendimiento privado se antojan las únicas vías de actuación inmediatas, aunque sin obviar el medio plazo a través de la investigación, el desarrollo y la preparación de las nuevas generaciones. Pero ello ni es ni puede ser óbice a la protección social preventiva ni a las iniciativas públicas paliativas de las situaciones de pobreza o de carencia de bienestar. Si la Comunidad Autónoma Vasca ha sido, durante las últimas décadas y en épocas de crecimiento económico, un ejemplo a seguir en políticas públicas frente a la exclusión y, como consecuencia de ellas, un modelo de cohesión social a pesar de las enormes dificultades de otra índole que ha debido superar mientras tanto; pretender que, como efecto postrero de la crisis, se proceda a una revisión del alcance del sistema de protección creado en los últimos treinta años no puede entenderse mas que como un despropósito o, en su defecto, como una iniciativa de interés político y marcado carácter populista. Especialmente si esa pretensión se dirige a grupos concretos. Sin que todo ello evite, claro está, el siempre necesario control de la inversión pública que es la protección social.