El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y el líder del PSOE, Pedro Sánchez, protagonizaron ayer en el pleno del Congreso de los Diputados el lamentable espectáculo de arrojarse mutuamente a la cabeza los trastos de la corrupción de sus respectivos partidos sin siquiera esbozar un atisbo de remedio al cáncer que asola la política y descompone las instituciones del Estado. En una demostración manifiesta de irresponsabilidad e incapacidad para detener la metástasis de la corrupción, tanto el PP como el PSOE parecen limitarse -quién sabe si en actitud premeditada- a describir la paja en el ojo ajeno e ignorar la viga en el propio, a pesar de que ambas formaciones han protagonizado casos escandalosos que afectan no sólo a miembros de sus estructuras de dirección, sino también de sus respectivas finanzas, hasta desacreditar por extensión a toda la clase política. Populares y socialistas no pueden pretender, sin embargo, que las deplorables e indecentes praxis en la gestión de la res pública que les han sido descubiertas se blanqueen con el detergente de la acritud en el enfrentamiento dialéctico. Tampoco que la sociedad a la que han defraudado repetidamente se limite a aceptar peticiones de disculpas poco creíbles y meramente retóricas, ya que no se acompañan en el ámbito partidario de medidas punitivas para los responsables de tan enorme fraude a los ciudadanos, ni en el ámbito legislativo de medidas cautelares que impidan añadir nuevos casos a lo que ya es una inusitada reiteración de escándalos. ¿Cuántas iniciativas parlamentarias han emprendido la mayoría absoluta del PP o el primer partido de la oposición tras dos años de gobierno salpicados constantemente de corruptelas, para atajar el problema? ¿Cuántas decisiones drásticas inmediatas han tomado con sus dirigentes acusados de corrupción, más allá de los manidos recursos de respeto al desarrollo de la actividad judicial y al derecho a la presunción de inocencia? ¿Qué medidas concretas -limitación temporal de cargos, control financiero de los partidos, separación efectiva de poderes, adecuación normativa de las contrataciones públicas o celeridad de los procesos judiciales- han propuesto? ¿De verdad pretenden terminar con la impúdica constante que ya caracteriza a la democracia española?