La detención de 51 personas en Madrid, Murcia, León y Valencia, entre ellos los alcaldes de seis municipios madrileños -Valdemoro, Parla, Torrejón de Velasco, Casarrubuelos, Collado-Villalba y Serranillos del Valle-, el presidente de la Diputación leonesa Marcos Martínez y quien fuera número dos del Gobierno de Esperanza Aguirre en Madrid, Francisco Granados, todos ellos acusados de delitos relacionados con la concesión fraudulenta de contratos públicos, vuelve a hacer patente la extensión de la corrupción en el interior y los aledaños del PP. Más aún, evidencia que estas prácticas no se detuvieron ni siquiera tras la desarticulación de la trama Gürtel y la explosión del caso Bárcenas. Porque, aunque entre los regidores municipales detenidos haya asimismo un primer edil socialista y otro de una agrupación independiente, el grueso de la denominada Operación Púnica afecta de nuevo al PP. Y porque lo hace con el agravante de la actualidad de los 250 millones de euros que la investigación calcula las adjudicaciones ilegales se habrían malversado en los últimos dos años. Es decir, la corrupción que enfanga al PP y con él a toda la actividad política no es, como pretende ahora la dirección popular, algo del pasado, sino un problema imbricado en todas las estructuras del partido -sin descartar el objetivo de la financiación ilegal-, en su modo de actuar y en la impunidad con que ejerce el poder político cuando lo detenta. Por mucho que Mariano Rajoy pretenda que la corrupción se adjudique en pretérito a los gobiernos presididos por José María Aznar, de los que además él formó parte destacada, y sin olvidar que dos tercios de los ministros -incluido él mismo- de aquellos ejecutivos se han visto salpicados en mayor o menor medida por sobresueldos, adjudicaciones ilegales, tarjetas black y demás, la realidad es que la extensión institucional y territorial de este último caso sólo puede achacarse a al PP de Rajoy. Y únicamente puede considerarse desde ópticas que apuntan a la responsabilidad directa del presidente del partido. No en vano, bien la estructura delictiva es continuación o sustitución de las que habían venido funcionando en torno a las instituciones gobernadas por el PP, o es fruto de la permisividad de la dirección de Génova con sus corruptos, a los que sólo ahora y en este caso exige la renuncia.