el grupo parlamentario del PP tuvo que hacer ayer malabarismos en la Cámara de Vitoria ante el embrollo en el que le ha metido el alcalde Javier Maroto con su cruzada contra las ayudas sociales y el supuesto fraude de los inmigrantes. La parlamentaria alavesa del PP Laura Garrido anduvo hábil en la sesión al retirar la moción de su grupo para restringir la concesión la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y aumentar el control sobre las prestaciones sociales, presentada al hilo de la campaña desatada por el regidor vitoriano antes del verano, cuando apeló al fraude señalando concretamente al colectivo de inmigrantes magrebíes. Y es que la parlamentaria popular, al retirar a última hora la moción, evitó una sonora derrota de su formación en la Cámara no ya porque se iba a quedar sola, ya que ningún otro grupo iba a respaldar la iniciativa, sino porque todos iban a renunciar incluso a participar en el debate para dar un plante al PP, a modo de gesto contra el contenido xenófobo de sus planteamientos. Pero no fue el único contratiempo en el que se vio entrampado el grupo popular. Después de la ocurrencia de promover una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para recortar la RGI que Javier Maroto -alcalde de Vitoria y a su vez parlamentario- improvisó en su cita del pasado lunes con el lehendakari Iñigo Urkullu y de que la presidenta del PP vasco, Arantza Quiroga, se apresurara a aplaudir la gracia, resulta que su propio grupo defendía lo contrario en comisión. El Parlamento Vasco constituyó hace ya cinco meses una comisión de modificación de la ley sobre la ILP de 1986 y establecer, entre otros puntos, que los cargos electos de la Cámara, puesto que están facultados para promover proposiciones de ley directamente, no podrán utilizar esta figura. Algo lógico y que apoyaron todos los grupos -incluido paradójicamente el PP-, ya que la ILP está concebida para que la sociedad civil pueda elevar sus propuestas al Legislativo y no para que los grupos la utilicen como arma política. La sesión parlamentaria de ayer evidenció que la cruzada de Maroto -quien posiblemente termine retirando su recurso a la ILP- , lejos de promover un debate sereno sobre la necesaria actualización y control de la RGI, se está pasando de frenada, metiendo incluso en un lío a su propio partido.