la reforma legal para perseguir la "apología del delito y la incitación al odio" en internet y las redes sociales que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, anunció ayer tiene el riesgo de convertirse en otra vuelta de tuerca más a la restricción de derechos y libertades que el Gobierno del PP viene forzando mediante una ingente producción legislativa carente de cualquier consenso y basada únicamente en la potestad de su mayoría absoluta. La pretensión de decretar límites a la participación en internet, anunciada repentinamente tras el asesinato de Isabel Carrasco, presidenta del PP leonés y de la Diputación provincial, pese a que los comportamientos incalificables se producen desde el mismo nacimiento de las redes sociales, no es sino la continuación de la hipertrofia legislativa con la que el Gobierno de Mariano Rajoy ha venido minorando derechos elementales; entre otras, la ya largamente denostada Ley de Seguridad Ciudadana o Ley Mordaza, la reforma del Código Penal, la ley de tasas judiciales o la reforma que restringe la justicia universal. La constatación de esa realidad, en cualquier caso, no debe malinterpretarse como laxitud ante actitudes que son merecedoras de mucho más que reproches o que incluso son constitutivas de delito también en las redes sociales. Ni tampoco debe entenderse como desidia ante el hecho de que el anonimato en internet es terreno abonado para procederes anómalos y perseguibles. De hecho, quizás el final de la participación de incógnito en los foros digitales -que técnicamente es hoy muy factible, aunque poco rentable para las propias redes- sería un principio de solución a un problema que se antoja creciente. Pero la pretensión del ministro del Interior no parece ir por esos derroteros, sino por la ampliación de la capacidad punitiva de las leyes, lo que abriría otra puerta a la arbitrariedad en su aplicación, tal y como ha sucedido con algunas otras iniciativas del Gobierno del PP, y devendría en un peligrosísimo acotamiento de la libertad de expresión, contraviniendo los artículos 10 y 20 de la Constitución. Especialmente si se tiene en cuenta que Fernández Díaz debería conocer que ya en la actualidad las "apologías del delito" y las injurias en internet están castigadas por el actual Código Penal y son relativamente sencillas de perseguir.
