el Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa señaló ayer que la exclusión de la asistencia sanitaria de los extranjeros en situación irregular no es compatible con los convenios internacionales suscritos por el Estado español. De esta manera, el órgano de la UE da otro tirón de orejas al Gobierno de Mariano Rajoy, en este caso por el decreto que firmó en 2012 para retirar la asistencia sanitaria a los sin papeles. Aquel bochornoso decreto del PP originó una fuerte polémica social y confusión en las comunidades autónomas que se negaron a aplicarlo, entre ellas Euskadi. El entonces Gobierno de Patxi López optó por mantener esta cobertura a los inmigrantes y el Ejecutivo central se apresuró a recurrir a la vía judicial para intentar meter en vereda a la Sanidad vasca, aunque el Tribunal Constitucional terminó avalando en diciembre de 2012 la continuidad de la atención sanitaria universal. Posteriormente, tras el cambio de gobierno, el actual consejero de Salud Jon Darpón aprobó el pasado verano una orden que posibilitaba y regulaba la prestación de asistencia sanitaria en Euskadi a los inmigrantes sin permiso de residencia, a quienes no se les negó la tarjeta de Osakidetza, de nuevo en contra de lo establecido por el Ministerio de Sanidad. El Gobierno del PP no tardó en volver a judicializar esta orden ante el Constitucional -un recurso aún pendiente de resolución-, pero el varapalo le ha llegado antes desde la UE. El Consejo de Europa reprende en duros términos al Gobierno español por la insolidaridad de sus políticas sociales. Y no sólo eso, sino que el comité comunitario de derechos sociales añade además que el Tribunal Constitucional "tendrá que tener en cuenta esta interpretación vinculante" a insta al Gobierno Rajoy a modificar la legislación para garantizar la asistencia sanitaria básica. Presionado por la premura de tener que ofrecer recortes en todos los servicios públicos para ofrecer garantías de control del déficit, el PP recurrió a una medida más demagógica que efectiva -apelando a ese principio tan universalista de primero los de aquí que esgrimiera Antonio Basagoiti- pero aparte de resultar antisocial e insolidaria con los más débiles, Europa le ha tenido que recordar que, además, es ilegal.
