aL ya tradicional mensaje de Navidad de Juan Carlos de Borbón, una escenificación sin mayor interés consagrada al solo objeto de legitimar a una institución tan vacua como caduca, la Casa Real ha sumado en estas fiestas otras dos intervenciones públicas de la máxima gravedad. La más reciente, ayer, fue el patético discurso del jefe del Estado en la Pascua Militar. Mes y medio después de su última operación quirúrgica, el monarca, incapaz de leer su discurso de manera coherente y haciendo gala de una dicción atropellada, ofreció una imagen penosa. Sin olvidar su típica alusión al papel de las Fuerzas Armadas en la "unidad de España". La otra alocución, también intolerable, fue la intervención televisiva del jefe de la Casa Real, que instó públicamente a terminar con la instrucción del caso Nóos, en cuyo marco se investigan los tejemanejes económicos de Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina, hasta el punto de que perfectamente puede interpretarse como una forma de presión muy real sobre el juez Castro. Obviamente, la intervención de Rafael Spottorno conculca el principio de separación de poderes, con el agravante de que la Zarzuela se dice víctima de un "martirio" por los casi tres años de sumario abierto precisamente en un momento de extrema dificultad para multitud de súbditos de Juan Carlos I, contribuyentes que por cierto sufren en sus carnes los retrasos de la Justicia en mucha mayor medida que quienes viven confortablemente, incluidos los miembros de una Casa Real mantenida por la ciudadanía. Más allá de la notoria voluntad de la Zarzuela de apremiar al magistrado, ese presunto martirio estaría cercano a su conclusión. Castro ultima el auto definitivo sobre la imputación o no de la infanta Cristina después de que la Audiencia de Palma le exhortara en mayo a buscar indicios de la comisión por la hija del rey de por ejemplo los delitos de blanqueo de capitales que sí se presumen en los imputados Urdangarin y su socio Diego Torres, que a través del Instituto Nóos se embolsaron 6 millones de fondos públicos por sus relaciones privilegiadas con los Gobiernos del PP de Baleares y Valencia. Al margen de lo que dictaminen los tribunales, los hechos de que la infanta sea copropietaria al 50% de una sociedad pantalla utilizada por la trama -Aizóon- y de que la esposa de Torres sí esté procesada comprometen seriamente la presunción de inocencia de doña Cristina.