las posiciones sobre el derecho a decidir de los ciudadanos de Catalunya continúan inmutables. Mariano Rajoy dijo que recibiría encantado a Artur Mas, pero que no aceptaría hablar en absoluto de la consulta. Y el president ha aplazado la entrevista. Las maniobras continúan multiplicándose y así se ha considerado la negativa del ministro Cristóbal Montoro a compensar a la Generalitat por la no aplicación del impuesto autonómico sobre depósitos bancarios, pese a la sentencia favorable del Tribunal Constitucional. El conseller Mas Colell contaba con esa partida para volver a hacer efectiva la paga extra a los funcionarios. Otras maniobras previsibles y mantenidas son la apertura de dossieres acusatorios contra políticos soberanistas. El documento apócrifo contra los dos presidentes de Convergència que publicó un diario de Madrid en plena campaña electoral se ha visto seguido por otro, aparentemente con el mismo -nulo- fundamento sobre una hipotética creación del centro de inteligencia catalán, que invadiría competencias exclusivas del Estado.
Y en el ámbito judicial, el penúltimo supuestamente encartado ha sido el exconsejero socialista de Obras Públicas Joaquim Nadal, en un sumario por supuestas concesiones ilegales del Instituto catalán del suelo a empresas privadas cuando estaba en el gobierno tripartito, sobre las cuales fue interrogado por la Guardia Civil, en presencia de abogado. Debe recordarse que Nadal, figura destacada del PSC, es uno de los disidentes de su partido por favorable a la consulta y preside la comisión por el derecho a decidir de Girona, donde nació y de la que fue alcalde.
Para el 16 de enero se ha fijado el pleno del Parlament donde previsiblemente se aprobará por mayoría cualificada la presentación a las Cortes de Madrid de la proposición de ley orgánica para delegar en el Gobierno catalán la facultad de convocatoria de referéndums, sin más perspectiva de éxito que demostrar la actitud de quienes cierran toda posibilidad al lema Dejadnos votar que ha comenzado a difundirse por el mundo. El siguiente paso anunciado será la promulgación de la ley de consultas propia, que también será parada por el Constitucional.
El PP ha impugnado los presupuestos para el 2014 -que tanto costó consensuar- mediante un recurso al Consejo de Garantías Estatutarias que, como poco, retrasará la aprobación y evitará la ejecución. Una maniobra que se parece bastante al histórico filibusterismo parlamentario. Parece que todo vale.
No quieren ver que el movimiento soberanista es una imposición de las bases populares, como demuestran las evoluciones en los partidos tibios. Casi un centenar de militantes de Unió se han dado de baja. Y el goteo continúa. En el PSC, a los grupos disidentes organizados que continúan dentro se unen las declaraciones y posibles votos en los ayuntamientos -otrora bastiones de influencia política de los socialistas- a favor de la moción elaborada por CiU, ERC, Iniciativa y la CUP pidiendo la consulta sin ninguna condición añadida. Así lo han hecho los concejales de Igualada, un edil de Valls y se espera que lo hagan en Badalona o Girona, donde continua Quim Nadal. Hasta el alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha escrito en su blog a favor de la convocatoria a las urnas "por encima de mis opiniones e ideas, y las que defiende mi partido".
Pero muchos unionistas insisten en cargar contra Mas y aplicarle el remedio Ibarretxe. Y conseguirán hacerlo más y más odioso en según qué lugares. Pero a efectos de popularidad interna y de eficacia en desarmar el independentismo, es un error de objetivo, un blanco erróneo en una diana equivocada.
